El Estado panameño podría ser demandado por vulnerar dos convenciones interamericanas contra atentados terroristas, firmadas en 1997 y ratificadas por medio de la Ley 89 del 5 de diciembre de 1998, tras indultar a los cuatro anticastristas condenados por posesión de explosivos.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vázquez, afirmó que en ambas convenciones se condena la tenencia de explosivos y los relaciona con grupos extremistas con posibilidades de utilizarlos para actos terroristas, por lo cual Panamá ha violado esta disposición.
Al tiempo que el arzobispo de Panamá, monseñor José Dimas Cedeño, esquivó comentar sobre el tema, pero en cortas palabras señaló que en diez días la Iglesia hará un pronunciamiento oficial, luego de analizar los indultos emitidos por la presidenta Mireya Moscoso.
"No puedo en este momento dar comentarios que tengan que ver en el campo político porque requiere de mucho conocimiento y estoy recabando los datos para poder hacer un comentario que sea apropiado", sostuvo la autoridad eclesiástica.
Entre tanto, Vázquez señaló que "la presidenta cierra su mandato con un sello y una cortina que crea un precedente vergonzoso a la justicia".
Sostuvo que esto crea un "nefasto precedente" que traerá repercusiones a corto plazo para Panamá, pues a su criterio se crea la figura de un "indulto preventivo" con licencia anticipada para delinquir.
Asimismo, dijo que el Ejecutivo vulneró normas constitucionales, pues al interrumpir procesos judiciales incurre en injerencia sobre el órgano encargado de ejecutar la justicia.
Explicó que muchos de los indultados mantenían una instrucción judicial por casos relevantes y que aún no habían sido concluidos, dejando la justicia a medias.
