El Estado viola derechos de los educadores al retrasar el pago de sus prestaciones salariales, advirtió ayer la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien además manifestó estar de acuerdo con la medida de presión ejercida por los funcionarios de Educación.
Ayer los educadores marcharon hasta la Presidencia de la República, exigiendo el pago de varias quincenas atrasadas, lo que para la procuradora es legal, pues no se puede retener el sueldo a unas personas que han trabajado.
"Es una violación a sus derechos humanos, porque los que trabajan tienen derecho a percibir un salario y en este caso coincido con la reclamación de los educadores", sostuvo Montenegro de Fletcher.
Consideró que para evitar estas situaciones la administración pública debe buscar los mecanismos en el presupuesto general y de la entidad correspondiente, en este caso el Ministerio de Educación, procurando así tener los fondos necesarios para hacer frente al pago de los salarios.
"Ellos están en todo su derecho, pues se debe procurar el pago a estos funcionarios que ejercen una función tan importante que es la de educar", consideró.
En cuanto a la marcha de los educadores y la amenaza de descuento de ese día realizado por el MEDUC, la procuradora consideró que los docentes están en su derecho, pero que se requiere aclarar si esta medida está estipulada en la ley de educación.
En este sentido, el economista Juan Jované, quien participó de la marcha y de la reunión con las autoridades gubernamentales, indicó que son totalmente justos los reclamos de los educadores, ya que por una parte el Gobierno dice que la educación es una prioridad para el desarrollo, sin embargo, no les paga a los educadores.
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