Estados Unidos y las visas

Estados Unidos (EU) tiene el derecho de permitir o prohibir la entrada a su territorio de cualquier persona por las razones que sean. Pero una cosa es anularle la visa a funcionarios o ex funcionarios sin sentirse obligados a explicar las razones; y otra, muy distinta, es dar a conocer que estas personas son corruptas sin demostrarlo, como ha ocurrido con el ex presidente Pérez Balladares y el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Juliao, y como le sucederá a decenas de panameños muy pronto.
Si son o no corruptos, no es de incumbencia de EU sino de Panamá investigarlos. EU puede cooperar con la justicia de este país, pero la falta de acción por parte del gobierno panameño no puede ser vista como causal de intervención judicial de su por parte.
En ausencia de una convención multinacional sobre la corrupción, la Administración Bush ha puesto en práctica una política unilateral de intervención en los asuntos internos de nuestros países con base en el Acta Patriótica y en su supuesta guerra contra el terrorismo. Esta política sirve para castigar a quienes han tomado decisiones que afectan los intereses económicos de EU, como lo ha admitido el propio presidente Bush.
Lo menos que puede hacer el gobierno panameño, con fundamento en el derecho de reciprocidad, es exigir visa a todo estadounidense y negársela a los funcionarios y ex funcionarios de ese país que hayan cometido actos de corrupción y terrorismo, crímenes de guerra, narcotráfico y lavado de dinero, delitos de lesa humanidad y otras violaciones al derecho internacional.
A juicio del criminólogo, los accidentes de tránsito se pueden disminuir con la aplicación de una verdadera política preventiva, que conlleve educación vial a los ciudadanos.