Tal es el caso de países como Uruguay y Brasil, donde organizaciones civiles y autoridades consideraron estos espacios como “inhumanos”.
El Gobierno de Brasil criticó a la gobernación del Estado de Espíritu Santo (sudeste del país) por mantener a cerca de 300 presos recluidos en contenedores de transporte marítimo adaptados como celdas.
En Uruguay, luego de constantes manifestaciones, hubo que colocarles aislante con espuma de poliurietano a las paredes y techo.
No obstante, en Argentina fueron utilizadas como aulas para impartir clases, como parte de los programas de resocialización.
