El Gobierno Nacional tomará, a más tardar este mes de noviembre, una decisión sobre la conveniencia o no de ajustar el salario mínimo, informó ayer el ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino III. Indicó que no es un tema fácil porque se debe buscar una fórmula para conjugar la realidad económica de diversos sectores, tanto de las empresas, como de los obreros.
"Hay que tomar muy en cuenta la situación económica y la necesidad de los trabajadores que menos ganan y esto se está evaluando con mucho cuidado por parte del Ministerio de Trabajo, con el apoyo de la Contraloría y el Ministerio de Economía, para que la decisión que vamos a recomendar sea la mejor para todos", acotó.
Vallarino reconoció que la realidad económica refleja una desaceleración, sin embargo, pareciera que está mejorando al igual que la economía americana está creciendo al 3 ó 4% anual. "Todos deberíamos muy pronto insertarnos en ese crecimiento que dependerá de las actitudes de los panameños y lo que pensemos del país, así como promover la generación de empleo a través de la inversión extranjera", sostuvo.
Señaló que el Gobierno ha cumplido porque la Comisión del Salario Mínimo se ha instalado cada dos años para analizar el tema y adoptar una decisión, aunque en las dos últimas ocasiones no han logrado acuerdo.
También profesores de las facultades de derecho, electos por la junta de facultad, y naturalmente la participación de la sociedad civil y que ella misma debe encontrar representación en ese consejo de la judicatura.
Esta clase de representación puede extenderse a otras entidades públicas, Ente Regulador, Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), Autoridad del Canal.
Tienen que sentarse las pautas para que estas entidades no sean monopolio exclusivo de cualquiera de los órganos del Estado.
Entre las iniciativas de cambio constitucional se citan las que deben operarse en el Organo Legislativo, esto es la eliminación de los dos suplentes, que no existen en otros parlamentos latinoamericanos, el manejo de partidas circuitales y administración directa de dinero del erario; la eliminación de privilegios y prebendas, la restricción de la inmunidad parlamentaria, en materias de tipo civil, entre otros puntos. Su opinión.
222 Hay que eliminar toda partida circuital, secreta, discreta, que no pasen por el tamiz de la institucionalidad y los controles que debe tener la sociedad. Igualmente, hay que seguir el ejemplo de otras sociedades latinoamericanas, que han eliminado la figura de suplementes de legisladores y magistrados, expreso Bernal.
En el Legislativo, como en el Ejecutivo y Judicial, se dan situaciones de dádivas y privilegios y también de suplencias. En primer término debe haber una voluntad política de gobernantes y gobernados de hacer cuanto antes las reformas que pongan punto final a esta trilogía nociva que es los suplentes, partidas y privilegios. Estos últimos se pueden eliminar a través de una ley sin necesidad de tocar la norma constitucional porque estos privilegios los han ido introduciendo a través del reglamento interno, lo mismo para el judicial y el ejecutivo.
Asimismo hay que eliminar toda partida circuital, secreta, discreta, que no pasen por el tamiz de la institucionalidad y los controles que debe tener la sociedad.
No es dinero del gobierno, partidos u órganos del Estado sino dineros del erario que deben manejarse como la mujer del César: ser honestos y sobre todo parecerlo.
Si hay cosas que debemos aprender de otras sociedades latinoamericanas es casualmente que ellas han ido eliminando a los suplentes de legisladores y magistrados, que en Panamá es una situación gravísima, no sólo por la manera como se nombran sino porque los mismos están en un permanente y abierto conflicto de interés. En el Ejecutivo hay que eliminar las figuras del vicepresidente porque son unos buenos a nada.
No estoy prensando en personas sino en las posiciones. Los vicepresidentes deben dejarse a los museos. Por otro lado, el reloj de la inmunidad se detuvo hace varias décadas y no nos hemos dado cuenta. La inmunidad está desapareciendo en su concepción tergiversada de las cuales se valieron algunos en situaciones muy especiales.
Debemos pensar más bien en la inmunidad del ciudadano para tener derecho a expresarse libremente sin temor que se le puedan aplicar medidas que contrarían dicha libertad. La inmunidad, en resumen, no debe salirse del foro o del escenario del hemiciclo donde actúan como representantes. Fuera de allí no debe existir la inmunidad. Lo que hay es una grandísima impunidad para no cumplir con responsabilidades familiares, o contraídas como deudas.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
