El tema de la corrupción de los funcionarios de la Dirección General de Correos y Telégrafos no termina, a pesar que se han buscado mecanismos de fiscalización. Frente al último caso registrado en donde se estiman pérdidas por 80 mil dólares, se ha elaborado un plan para ejercer un férreo control sobre los ingresos de la institución.
El caso más reciente de corrupción en los Correos, detectado a inicios del pasado año, fue el de un funcionario que laboraba en el Departamento de Tesorería de la entidad. Luego de un áudito realizado por la Contraloría, se comprobó el hecho delictivo y se envió el expediente al Ministerio Público, en el que se dictó una orden de detención.
De acuerdo con la jefa de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Cinthia Guerra, los casos que se han detectado de corrupción de funcionarios se encuentran en la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.
Según la funcionaria, la falta de controles para detectar ciertas anomalías provocó que un funcionario falsificara los giros y obviara su reporte. Desde fechas anteriores se había eliminado la compensación de giros.
En este hecho, al enviar alguien los giros desde Darién, no ingresaba a la institución las cantidades de dineros adecuadas.
El funcionario tenía varios años de estar trabajando y para cometer el ilícito recibía las valijas de la provincia del Darién y no hacía los reportes pertinentes; no hacía los depósitos de los valores.
De acuerdo con Rogelio González, presidente de la Asociación de Empleados de los Correos, ese funcionario tenía un mecanismo para esquivar los depósitos. "Sus compañeros no han podido explicar cómo lo hacía".
Según González, aunque el servidor público tenía más de siete años de estar laborando en la institución, el acto de corrupción se daba desde hacía unos dos o tres años", ocasionando una pérdida a la institución de por lo menos 80 mil dólares.
Según la directora Guerra, para evitar cualquier acto de corrupción en los Correos, la institución ha puesto en ejecución un plan de seguridad, que incluso ha reducido considerablemente las quejas de los usuarios con respecto a la violación de correspondencia.
El plan de seguridad, según Guerra, incluye el reforzamiento de la vigilancia en las estafetas, el centro de procesamiento y en el transbordo aéreo para evitar violación de correspondencia. La unidad responsable es el Departamento de Fiscalización.
"Eso ha reducido el número de quejas y el tiempo de entrega se ha mejorado, lo que evita cualquier mala intención de algún funcionario", recalcó.
Los controles en cuanto a los dineros recaudados por la institución se han reforzado conjuntamente con los departamentos de Auditoría, Control Fiscal y el de Inspección.
Se están aplicando nuevamente los controles en el manejo de fondos, pues habían sido eliminados y dieron pie a que se cometieran algunas anomalías, según Guerra.
Ahora cuando se transportan valores desde el interior del país se envía a dos o tres asistentes que custodiarán al responsable de hacer el traslado. Antes sólo una persona buscaba los valores en cada provincia. En el caso del funcionario destituido, éste traía los valores que "consideraba necesarios".
Los funcionarios son rotados en sus posiciones como parte del proceso del plan y se realizan también áuditos más seguidos, en donde hasta el momento según Guerra, no se han registrado irregularidades.
"Con los controles y auditorías que se están aplicando estamos yendo al interior donde nos falta sólo una provincia que por seguridad no podemos mencionar, en donde se implementará el manual de procedimiento de manejo de fondos que los funcionarios no conocían y que los funcionarios manejaban a su discreción", enfatizó.
Explicó que con este manual se puede detectar que cuando alguien envía un giro se verifique en el otro lugar su recibo; si entró el dinero y no que le estén enviando un giro falso.
De acuerdo con la directora, lo que se quiere es que el usuario de los Correos vuelva a tener credibilidad en la institución. "Eso es lo que estamos tratando de hacer. Tratamos de reconstruir los Correos y que la gente le tenga respeto a los funcionarios de la institución, lo que se había perdido porque se perdía la correspondencia o llegaba violada, y porque nadie le ponía atención".
Ante posibles pérdidas de dinero al ser violadas la correspondencia, Guerra expresó que está prohibido enviar dinero en una carta o enviar valores como prendas, ya que la institución no se hace responsable por las pérdidas. "El envío de dinero da pie a que se violen correspondencias, por lo que no permitimos eso. Esa restricción siempre ha estado pero nunca se ha cumplido y nuestra intención es que se cumpla porque con eso también se evita cualquier acto de corrupción".
Para el presidente de la Asociación de Empleados de los Correos, la posición de ellos frente a estos casos de corrupción ha sido el hacer giras, charlas, asambleas provinciales y conversar con los servidores de que hay que hacer el trabajo lo mejor posible, "evitando estos casos".
Expresó que ninguna institución ni privada ni pública está exenta de que se den casos de corrupción.
Manifestó que el caso del funcionario destituido era indefendible, pues "las pruebas eran tan contundentes que los valores no reportados los tenía en su escritorio. Lo agarraron con las manos en la masa".
Según González, el hecho de que el funcionario tenga un bajo salario no justifica que la persona deba cometer este tipo de delitos.
De acuerdo con el Contralor General de la República, Alvin Weeden, siempre que se detecta un hecho delictivo con el patrimonio del Estado se analiza qué mecanismo de control colapsó y se ponen en marcha sistemas de fiscalización para que no vuelva a ocurrir.
"Nosotros nos mantenemos con el control fiscal y las auditorías permanentemente sobre los Correos y con todas las otras entidades públicas. El tema de la corrupción es latente no sólo en los Correos, sino en todas las instituciones, por lo cual ejercemos el control previo y minimizamos la posibilidad de que se dé corrupción, recalcó.
Expresó que la tendencia moderna es que la gente está muy relajada en cuanto a la moral y el respeto al patrimonio del Estado, lo que ha obligado a que se profundicen más las medidas de control.
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