La estructura interna del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) es la que impide que la institución cumpla a cabalidad con su papel en defensa de los usuarios de las entidades que brindan los servicios públicos, sostuvo Giovany Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor y Usuarios (IPADECU).
Para que este organismo tenga la capacidad de imponer sanciones, es necesario reformar la ley y crear dentro de la institución, pero con autonomía, una especie de Tribunal Administrativo, cuyos integrantes no pueden ser designados por los directivos del ERSP.
Entre las tareas de este Tribunal, está el de servir como mediador entre el proveedor y el cliente y en caso del retiro de medidores que hacen las empresas eléctricas, sea el que determine la viabilidad de un reclamo y al mismo tiempo esté presente cuando se realiza la diligencia.
Destacó que la ley que crea el ERSP debe reformarse para que en caso donde las empresas eléctricas retiran el medidor, no sean ellas las que analicen los aparatos, sino que lo hagan otros organismos como la Universidad Tecnológica, la Universidad Nacional o la SENACYT.
La reforma permitirá aplicar justicia administrativa interna y que los fallos no dependan de la visión de los directores y, además, que las reclamaciones tampoco se agoten en la Sala Tercera de la Corte Suprema.
Esto también traerá como resultado que el Estado se ahorre meses de trabajo, pues los procesos se dirimirían a lo interno de la institución.
También propone que el ERSP debe cobrar las multas que se le imponen a las empresas a través de procesos de jurisdicción coactiva.
