En Panamá, únicamente un 54% de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados cumplen debidamente con las medidas de mitigación incluidas en el estudio, el resto, un 46%, ignora el acuerdo al que la empresa llega con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) antes de otorgarle el registro de operaciones al proyecto.
La ANAM había tenido muchas dificultades para la fiscalización de los EIA, según explicó Natalia Young, directora de la protección de Calidad Ambiental de la ANAM.
Lo que ocurría era que la institución disponía de poco personal para realizar la labor de desplazarse a cada una de las áreas, pero la supervisión se ha ido fortaleciendo este último año.
Young agrega que ello se debe a que muchos de los promotores creen que los EIA son meros trámites administrativos, por lo que no se asesoran y no le dan continuidad a las medidas de mitigación.
"Muchos de ellos piensan que una vez aprobado el estudio ya no tienen ninguna responsabilidad, lo que es totalmente falso, pues una vez aprobada la resolución ellos están comprometidos a cumplir con todas las medidas de mitigación", afirmó Young.
Explica Young que un proyecto que solicite un EIA debe preparar periódicamente, cada seis meses, los informes de cumplimiento y pruebas de monitoreo constantes a la ANAM y que varían dependiendo de la actividad que se realice.
El asunto es complicado. Y es que Panamá no cuenta con sus propias normas ambientales de límites máximos permisibles, por lo que se trabaja con legislaciones acogidas de otros países como es el caso de Chile.
Al respecto, Bolívar Zambrano, director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la ANAM dice que ya se está trabajando en eso.
Con relación a Panamá, en Chile sólo un 30% de los 100 proyectos que acuden a recibir la aprobación de los EIA han recibido alguna sanción por incumplir con las normas de mitigación.
Carlos Pinilla, especialista de evaluación ambiental en Chile dijo al Panamá América que desde 1997, su país cuenta con un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que se realiza de dos formas distintas: a través de declaraciones de impacto ambiental para proyectos de envergadura de menor impacto y los EIA para proyectos más grandes y significativos.
El experto señaló que existen proyectos que han cumplido con las normas de mitigación establecidas en el estudio, pero que al momento de su evaluación tienen algunos aspectos que no fueron previstos.
Diferente a Panamá donde la ANAM puede sancionar económicamente hasta por 1 millón de dólares por incumplir con las normas de impacto ambiental, en Chile las sanciones van desde una simple amonestación hasta una multa de 30 mil dólares (15 millones de pesos) y por último se puede pedir el cese de operaciones del proyecto.
Precisamente Natalia Young explicó que para minimizar los problemas que ocasionan los EIA, los promotores que no están bien documentados deben acercarse a la ANAM a recibir asesoramiento o también pueden contratar consultores que le den seguimiento a sus estudios.
Estudios ambientales en debate
Autoridades de ANAM aducen que antes no contaban con suficientemente personal.