¿Para el 31 de diciembre de 1999 EU se va? Sí, se va a asegurar de haber dejado todo listo para que la administración panameña que asuma el control, opere desde el 2000 bajo sus parámetros. Los cambios en la relación laboral, ejecutados a un paso de la fecha de entrega, despiertan esas suspicacias.
Tal fue y es, respectivamente, la percepción manejada por un ex administrador y trabajadores del Canal, así como por especialistas atentos al acontecer de la vía acuática, administrada y movilizada por nacionales panameños, pero bajo la tutela legal y militar de EU.
¿Por qué ahora cuando restan escasos meses para que culmine el Tratado del Canal se están introduciendo cambios que afectan la relación laboral?, se pregunta un piloto pasabarcos preocupado por los despidos, y amagos de privatización que parecen gravitar en la administración del canal.
Tensar esta situación podría conducir a la intervención, de acuerdo al pacto de Neutralidad que no tiene fecha de terminación y permite una draconiana acción militar de EU, antes y después del 2000 cuando los estadounidenses se van... a asegurar de regresar si lo estiman conveniente.
Entrevistas con el administrador del Canal o con miembros de la ACP, no fueron posibles.
Al parecer, mucho de lo que hoy acontece encuentra su origen con el Título Constitucional, aprobado con muy objetadas condiciones, el 24 de noviembre de 1994. El abogado Humberto Ricord, hizo notar que en el articulado de esa norma se establecen disposiciones contrapuestas a la soberanía panameña.
En el acto legislativo No. 1 sobre el Título Constitucional, aparecido en G.O. de diciembre de 1994, se adopta como disposición transitoria que "...la Autoridad del Canal integrará a su organización la estructura administrativa y operacional existente en la Comisión del Canal de Panamá, al 31 de diciembre de 1999...". Esto incluye sus "normas vigentes, reglamentos y convenciones colectivas vigentes, hasta que sean modificados de acuerdo a la Ley".
"¿Cómo se puede poner en la Constitución de Panamá que todo lo que ahí exista como ley, reglamento y todo al 31 de diciembre de 1999, lo va a aplicar la Autoridad del Canal?", dijo Ricord, antes de censurar que "en la misma Constitución se desconoce la soberanía de Panamá".
Roberto Arosemena Jaén denunció el 20 de noviembre de 1994 ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el Título que estaban por aprobar, diciendo que se buscaba constitucionalizar para el 31 de diciembre de 1999 (cuando entran en vigor las leyes panameñas),"la legislación estadounidense que rija para el canal".
A principios de diciembre de 1994, poco después de su aprobación, Arosemena advirtió que "las leyes estadounidenses son las que valen hasta el 31 de diciembre de 1999, según los Tratados, y después de esa fecha, según el Título Constitucional, también podrán seguir valiendo".
En 1994, cuando se discutía el título constitucional que creaba la ACP, algunas fueron las voces que advirtieron la posibilidad que en el poco tiempo que quedaba para la transferencia del Canal a Panamá, se cambiaran las reglas del juego. Uno de ellos fue el ex administrador del Canal, Fernando Manfredo.
Por entonces, Manfredo se refirió a que, de acuerdo al título, la ACP estaría sujeta a un régimen laboral especial basado en un sistema de méritos y adoptaría un plan general de empleo que mantendría como mínimo, las condiciones "y derechos laborales similares a los existentes al 31 de diciembre de 1999".
Agregó que cuando se refería a "Plan General de Empleo", alguien se equivocó, pues "la incertidumbre de lo que serán las condiciones y derechos laborales al 31 de diciembre de 1999, tiene levantado en armas a los Sindicatos del Canal".
Ello, seguía diciendo, con mayor razón ahora que EU "está haciendo cambios en la Ley 96-70 para que el canal funcione como una empresa privada y se le están otorgando amplísimas facultades a la Junta Directiva, de mayoría estadounidense, que les permitirá cambiar las reglas y reglamentos vigentes incluyendo los de personal".
Pues bien, pudiera ser que aquello ejecutado hoy en el canal, guarda relación con esas disposiciones, pues de acuerdo a Humberto Ricord, la ley de la ACP está vigente, en parte, y la ley norteamericana (96-70 con sus modificaciones) "no les da derecho de estabilidad" a los "trabajadores temporales".
El capitán London Rankin, quien funge como vicepresidente del Sindicato de Pilotos del Canal de Panamá, dijo que la Comisión del Canal, sigue introduciendo "cambios" en su estructura organizacional que han afectado y afectarán a "la fuerza laboral".
Un ejemplo de ello, es el estudio de "Man Power" donde se "definió la cantidad de trabajadores necesarios para la operación". A causa de ese estudio, dice el obrero, "ha habido despidos" y en marzo "van a despedirse a todos los trabajadores temporales o eventuales".
El profesor Humerto Ricord explica al respecto la situación de los "empleados temporales", que solamente la "contabilidad del canal" sabe cuántos hay. Se calcula que la cifra puede oscilar entre 800 y entre 1200.
De acuerdo con Ricord, ahora se anunció que se iba a despedir a esos empleados temporales y "fue la administración actual, que es una administración todavía norteamericana hasta el último día de éste año".
Aunque el gobierno ha negado que persiga una privatización del Canal, no ha dejado de enviar señales suspicaces. Hace unos meses, cuando uno de los directivos de la APC, Moisés Mizrachi, mencionó que "cada puesto está en juego" y que "aquí no hay nadie seguro", abrió heridas que no han cicatrizado.
Otro aspecto comentado al respecto, es el hecho de que un porcentaje de los fondos del Canal de Panamá serán administrados por la banca privada internacional, de acuerdo a las declaraciones del canciller y ministro de Asuntos del Canal, Jorge Ritter.
Una señal más que despierta sospechas, es aquella citada por los pilotos del Canal, y comentada por Ricord. De acuerdo a Rankin, en el artículo cuatro de la ley orgánica de la ACP se "abre la ventana", para la privatización de ciertos servicios y trabajos dentro de la Autoridad del Canal.
Tal artículo de la Ley 19 del 11 de junio de 1997, establece que "la Autoridad podrá delegar en terceros total o parcialmente la ejecución y desempeño de determinadas obras, trabajos o servicios conforme a ésta ley y los reglamentos". De acuerdo a Ricord, "lógicamente, ésta es una forma de privatizar".
Para Rankin, lo que se vive en la administración del Canal va ligado a un "cambio de enfoque", pues se ha cambiado el enfoque de "servicio" hacia uno de "negocio" y en esa dirección se proyecta recortar "costos de operación" como hace cualquier empresa del mundo "para maximizar las utilidades".
El administrador del Canal, Alberto Alemán, lamentó que un segmento de trabajadores que participó en la discusión del Título Constitucional y la ley que crea la Autoridad, diga que la semilla de la privatización está en la ley que crea la ACP, porque ellos participaron en discusión de la norma.
El grupo de Orlando Díaz, quien preside el "National Maritime Union", es uno de los seis sindicatos que integran la Coalición de Uniones de trabajadores de la Comisión del Canal (CUTCC) y es al que Alemán aparentemente dirigió su crítica.
El señalamiento no es cierto "en el caso del sindicato de pilotos pasabarcos" o "Panama Canal Pilots Branch", (Jorge Teran y London Rankin), dijo Ricord. "De todos los seis sindicatos que participaron en la discusión de la ley orgánica, éste fue el único que se opuso a la aprobación de la misma", aseguró.
Según recuerda el jurista, a quien esos trabajadores pidieron asesoría para asumir una posición ante el proyecto, fue el "sindicato de pilotos" el que objetó el proyecto de ley que buscaba organizar la Autoridad del Canal, aprobada en junio de 1997.
Aunque los trabajadores fueron llamados a participar en la "comisión Ritter" que discutía el anteproyecto, las autoridades desoyeron su posición y ello se demuestra porque Ricord propuso a los trabajadores presentar un "proyecto de ley laboral" de los pilotos del Canal, pero no fue considerado.
Orlando Rebolledo, tesorero del Panamá Canal Pilots Branch, dijo que los trabajadores sabían que la ley que crea la ACP significaría "cambiar años de conquistas laborales" por una ley que desmejora tales conquistas.
Antes los pilotos navegaban sobre la tranquilidad de saber que las condiciones laborales vigentes hasta el 31 de diciembre "se iban a respetar" siendo similares a las que ya teníamos, pero de los últimos dos años antes de la reversión se busca cambiar estas reglas del juego en lo que respecta a lo laboral.
"¿Por qué dos años antes de la reversión estamos cambiando todas las reglas del juego, si supuestamente íbamos a llegar al 31 de diciembre y la Autoridad del Canal iba a respetar esas reglas, beneficios y conquistas laborales que habíamos tenido pro décadas?", se preguntó Rebolledo.
Según Ricord, si el Canal ha venido funcionando con esos trabajadores, ¿por qué ahora, a pocos meses de que Panamá reciba el Canal, "la entidad norteamericana los despide? Ricord dice que la "administración actual está tomando medidas, que inclusive han hecho aprobar ciertas leyes que modifican la situación laboral en el canal".
De acuerdo a Rebolledo, durante años el Canal ha trabajado con un número de empleados necesarios para su operación, pero "en el último año" para las autoridades resulta que "eran muchos empleados" y creen que "muchos menos" pueden realizar la misma operación.
"Eso afecta a la gente que se queda", insiste y precisa que si se elimina "fuerza laboral", se obliga a la que permanece a "trabajar más" y citó un ejemplo. "Antes eran cuatro los prácticos en un barco Panamax, luego se fueron reduciendo a tres, hoy son dos, y la Comisión propone que sea uno sólo".
Esto, de acuerdo al entrevistado, se traduce en mayor trabajo para el empleado, y va en detrimento de la seguridad en el Canal, y del usuario porque éste "paga por un servicio plus" que era de cuatro pilotos y ahora paga la misma cantidad, (hace meses se subieron los peajes) por un "grado menor de prácticos".
El tema de la seguridad en los barcos surge aquí. Rankin explicó que ahora que se están ensanchando el corte, supuestamente con el fin de que barcos Panamax se encuentren en él, "la Comisión se lava las manos en cuanto a accidentes por un momento mayor de un millón de dólares".
Si un dueño de buque tiene algún accidente menor de esa cantidad causado por algún mal calculo de un práctico ó equipo de la Comisión "¿quién va a pagar esos daños?, se pregunta Rankin.
Cuando el extinto general Omar Torrijos firmó el Tratado de Neutralidad era consciente de que estampaba su rúbrica en un pacto que permitía el uso de la fuerza militar de Estados Unidos en Panamá, si -según él- la vía acuática no era administraba "juiciosamente" por las futuras generaciones.
La cláusula de intervención aceptada por Torrijos, que condiciona la entrega de la administración del Canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999, sumado a la incorporación de lo legislado por EU hasta esa fecha, hacen pensar que el canal traspasado a Panamá, estará hecho a la medida de EU.
En agosto de 1993 el entonces embajador de Estados Unidos en Panamá, Dean Hinton, dijo que "si surgiera una amenaza militar contra el Canal, el Tratado de Neutralidad garantiza nuestro derecho a defender la vía interoceánica", pero agregó que "hoy tal amenaza parece ser una contingencia remota".
Entonces ¿Cuál puede ser la amenaza? Hinton dijo: "...las amenazas, si existiesen, parecieran originarse mayormente de consideraciones panameñas internas tales como....una respuesta inadecuada de la administración del Canal a los retos competitivos que surgen de cambios tecnológicos u otros".
Contenido patrocinado
Últimas noticias
