Pese a que Panamá tiene una ley especial para proteger las inversiones, han surgido disputas que involucran a firmas norteamericanas que han celebrado contrato con el gobierno, señala el último informe estadounidense del Departemento de Comercio.
El documento señala que en esos casos de disputa no ha habido voluntad del gobierno panameño de indemnizar a las compañías afectadas.
Destaca como otra de las barreras a las inversiones, el sistema judicial con personal mal entrenado, la mora judicial y la falta de independencia.
Según el informe, "la corrupción persiste no sólo en el poder judicial sino también en el proceso de adquisiciones gubernamentales, lo mismo que a nivel municipal".
Estos elementos podrían haber incidido para que en 1999 el superávit comercial de Estados Unidos fuera inferior en 64 millones de dólares comparado con el año anterior.
También indica el documento que las exportaciones estadounidenses a este país disminuyeron 12 millones de dólares para el mismo año.
El informe se refiere al significativo y sorpresivo aumento de los aranceles a los productos agropecuarios por parte del gobierno de Mireya Moscoso, los que sobrepasan el 100%. Ilustra el caso de la leche, productos avícolas y agrícolas, arroz y cerdo.
También quedó plasmado que el gobierno panameño incumple sus propios plazos en materia de régimen de estándares y de certificación para las importaciones de comestibles, lo que demora la expedición de permisos de trabajo. Una de las consecuencias de esta práctica es que los exportadores de carne y papas experimentan demoras para introducir sus productos.
Estados Unidos considera prioritario que Panamá le reconozca su certificación sanitaria, por las demoras en las inspecciones y la falta de personal, todo ello debido a limitaciones presupuestarias.
