En las recientes décadas, aparte de la lucha contra el narcotráfico, la tarea mas ardua para los agentes federales de Estados Unidos, ha sido detener la filtración de la inmigración ilegal a través de sus amplias fronteras y costas.
El problema se ha tornado especialmente serio para el gobierno del presidente Bill Clinton, ya que la oposición republicana del Congreso ha usado el problema de los "indocumentados" como un arma político enfilado específicamente contra la secretaria de Justicia, Janet Reno.
Por eso los informes alegando que en Panamá el departamento de Justicia está investigando una red de contrabando de inmigrantes chinos que podría involucrar "altos funcionarios panameños" ha provocado una gran inquietud en Washington.
"Si se comprueban algunas de las sospechas que se han estado ventilando en la prensa esto podría traer consecuencias no solo para nuestros lazos con Panamá, sino también para las ya difíciles relaciones con el Congreso," confió a este corresponsal un alto funcionario que pidió que no se usara su nombre.
Por su parte, el embajador panameño, Eloy Alfaro, insistió que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos había compartido información alguna sobre las sospechas que salieron a relucir en reportajes del Miami Herald sobre las razones por las que fue forzada a dimitir Samantha Smith, la jefa del servicio de inteligencia del gobierno de Panamá.
Estando ya con las maletas hechas para dejar la embajada y regresar a Panamá mañana, Alfaro se mostró escéptico sobre el alcance de la investigación de las autoridades de Washington, señalando que en los propios reportajes no se adelantan pruebas de actos ilícitos.
"He leído todo lo publicado pero no encuentro pruebas," dijo el embajador, que en su vida privada es abogado.
Ayer el Herald dijo que Smith en una entrevista insinuó la complicidad del propio presidente Pérez Balladares quien le solicitó visas para unos 140 chinos y que luego ofreció retener a Gregory Craig, uno de los más connotados abogados de Washington para su defensa en el caso de que fuera juzgada en Estados Unidos. Sin embargo, el jefe de policía, José Luis Sosa, declaró a este periódico que no había "nada irregular" en esas visas, de las que se dispensan miles al año para permitir a comerciantes y turistas chinos viajar a Estados Unidos a través de Panamá.
Asimismo, Craig, en una conversación con este corresponsal, manifestó no tener ningún conocimiento del caso.
El abogado habló brevemente con Pérez Balladares durante una cena la semana pasada ofrecida por el Smithsonian Institution en esta ciudad.
"Habl{e brevemente con el presidente pero no me mencionó nada sobre ningún problema chino," manifestó Craig.
"Además", añadió, "no conozco a la señora Smith y nunca aceptaría defender a un cliente que no conozco".
Craig, es un activista demócrata que fue asesor del Senador Edward Kennedy para luego pasar a ser director del departamento de planificación del departamento de Estado hasta que fue llamado por la Casa Blanca para convertirse en el principal abogado defensor de Clinton en el reciente proceso ante el Congreso.
El joven abogado también formó parte del equipo organizado por el abogado William D. Rogers que colaboró estrechamente con Gabriel Lewis Galindo cuando éste organizo el movimiento de oposición al régimen de Manuel Noriega desde Washington.
En tanto, el departamento de Estado reaccionó con inusual cautela ante las revelaciones de que la directora de la inteligencia del gobierno panameño pudiera estar involucrada de haber otorgado centenares de visas ilícitas a potenciales inmigrantes chinos que deseaban viajar a Estados Unidos.
"Nuestra embajada nos informó que en junio la jefa del servicio de inteligencia panameño fue destituida a comienzos de junio", fue el lacónico comentario de un portavoz del departamento.
"Este gobierno," añadió, "se ha preocupado de sobremanera por el contrabando de personas a través de Centroamérica y las agencias federales tienen como una de sus más altas prioridades la detección y el desmantelamiento de cualquier grupo que se dedique al trafico de seres humanos."
Esfuerzos por obtener más detalles sobre este caso fueron referidos al departamento de Justicia que respondió con su clásico "no podemos hacer ningún comentario sobre los asuntos que están siendo investigados".
Otras fuentes del gobierno expresaron su preocupación de la reacción que las noticias de las remociones de los funcionarios panameños pudiera despertar en el Congreso cuando este regrese de su receso a mediados de septiembre.
Para entonces la fiscal Reno deberá entregar al Congreso toda la información que posea sobre inmigrantes que hayan cometido delitos después de ser liberados por el Servicio de Inmigración y Naturalización, una agencia que depende del departamento de Justicia.
La solicitud, uno de los episodios más recientes de una corriente de disputas que los republicanos tienen con Reno, viene del subcomité de inmigración de la Cámara de Representantes a raíz del caso del supuesto asesino mexicano Angel Maturino Resendiz, relacionado con la muerte de nueve personas en Estados Unidos, algunas de las cuales podría haber matado después de ser liberado por el SIN.
Se produce, además, después de que el departamento de Justicia haya dado una respuesta a un requerimiento de este subcomité que los republicanos consideran insuficiente.
El presidente del subcomité, el republicano Lamar Smith, aseguró que la fiscal general no ha entregado la información a tiempo y que "no hay razón para ocultar información crucial al Congreso y al pueblo estadounidense".
