El embajador de Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro, aceptó ayer que desde el pasado mes de mayo su país solicitó al gobierno panameño la firma de un acuerdo para "Fuerzas Visitantes" que le concedería la prerrogativa de usar o no el uniforme militar cuando realicen sus tareas en territorio nacional y un nivel diplomático.
Ferro explicó que se trata de una base legal para amparar las actividades de cooperación entre su país y Panamá, y calificó de "exageradas y extremistas" las críticas que ha recibido de algunos sectores.
Precisó que el acuerdo de "Fuerzas Visitantes" fue propuesto por Estados Unidos el pasado 12 de mayo y argumentó que acuerdos similares fueron firmados con otras setenta naciones.
Las declaraciones de Ferro se dieron en el programa "Diálogo" que conduce la periodista, Luz María Noli por Televisora Nacional Canal 2.
Según el acuerdo, los funcionarios norteamericanos podrían entrar a Panamá con sólo la identificación que le da Estados Unidos, se les exime de los procedimientos de aduana y migración, no pagarán impuestos, le otorga la potestad de usar el uniforme militar mientras realizan sus tareas oficiales o cuando están en camino a éstas.
Tampoco cuando se encuentren en el país necesitarían permiso para portar arma salvo la orden de sus superiores.
"Desde que se terminaron los tratados no existe un marco legal que regule cualquier ayuda que quiera recibir Panamá de unidades especializadas de Estados Unidos, ya sea en materia de seguridad fronteriza, entrenamiento para el Servicio Marítimo Nacional, o capacitación interna para otra actividad", planteó Ferro.
Subrayó que la necesidad de este acuerdo es para poder brindarle ayuda a Panamá en materia de seguridad y un marco de protección jurídica a los marinos norteamericanos que deseen desembarcar en esta nación.
"Queremos brindarle un marco jurídico para que fuerzas visitantes norteamericanas puedan seguir desarrollando los programas antidrogas con el Servicio Marítimo Nacional y otros organismos, pero solamente cuando Panamá lo solicite y no a decisión unilateral de Estados Unidos", dijo Ferro.
Argumentó que si Panamá siente que no desea este nivel de ayuda e intercambio no firma el acuerdo, porque no es obligación.
No obstante, este acuerdo fue rechazado por los constitucionalistas, Oydén Ortega, Miguel Antonio Bernal y Julio Berrios, quienes manifestaron que el mismo propiciaría nuevamente la violación de la soberanía panameña.
Sostuvieron que el acuerdo es violatorio porque ninguno de los miembros estadounidenses que viaje amparado bajo este documento podría ser sancionado por leyes panameñas, aunque cometan un crimen.
Consideraron que bajo estos acuerdos se le da exceso de inmunidad a los funcionarios norteamericanos y de violar alguna norma en el país no podrían ser procesados.
De acuerdo con el diplomático, estos señalamientos son "exagerados" y "extremistas", ya que en muchas ocasiones Estados Unidos "tiene leyes que castigan determinado delito con mayor rigurosidad que las leyes panameñas".
El funcionario estadounidense aclaró que "esto no representa un acuerdo para bases militares ambulatorias, sino que permite a Panamá decidir cuando quiera solicitar cooperación a Estados Unidos".
"Se trata de un acuerdo pasivo y le corresponde a Panamá decidir cuándo desea ponerlo en práctica, porque el mismo no conlleva ejercicios unilaterales", aseguró Ferro.
Por otra parte, el embajador estadounidense reveló que en Panamá se llevó a cabo una reunión de los miembros del Departamento de Estado y autoridades panameñas con el fin de tratar el tema del tráfico de indocumentados.
"Fui yo quien escogió el tema porque considero el tráfico como un crimen, ya que muchas veces se abusa de las personas, se les deja abandonados, se les roba, mueren en el camino, se prostituyen", enfatizó Ferro.
Adelantó que en esta reunión participaron embajadores norteamericanos de otros países centroamericanos y miembros del Departamento de Estado.
De acuerdo con el funcionario, los países centroamericanos sirven de puente para que muchas personas entren a EU de manera ilegal.
"Queremos poner presión para controlar y eliminar este crimen en los países de América Central, que sirven de puente para esto, porque afecta la soberanía y el control de la política migratoria de los países", anotó Ferro.
Sustentó que las mismas personas que dirigen estas redes del tráfico de indocumentados son las que operan las actividades del narcotráfico, trasiego de armas y otras irregularidades.
Sobre la inclusión de Panamá en la llamada "lista negra" tanto por el FATF (Financial Analyses Task Force), como por la OICD, organizaciones que califican a este país como "paraíso fiscal y de lavado de dinero", Ferro señaló que se debe a que "Panamá tiene debilidades en su esquema jurídico contra el lavado de dinero".
Reconoció que Panamá ha hecho grandes avances; sin embargo, la Unidad de Análisis Financiero "no comparte información con el resto de los países".
Advirtió que entre las exigencias que se le hacen a Panamá están la criminalidad del lavado de dinero, compartir información, mejorar el sistema de fideicomiso, entre otras.
Ferro dijo que si bien es cierto en "Estados Unidos se lava dinero, se tienen leyes más férreas que en Panamá y eso es lo que se quiere que mejore".
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