Representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Ministerio de Seguridad Pública se reunieron esta mañana para evaluar los aportes que genera la entrada en vigencia de la Ley 79 sobre la Trata de Personas y Actividades Conexas.
Esta ley tiene por objeto adoptar medidas para la prevención de la victimización y re-victimización, la protección y asistencia a las víctimas y posibles víctimas de trata de personas, a fin de garantizarles los Derechos Humanos, así como la penalización de estas actividades.
Al menos en Estados Unidos, cada año se contabilizan entre unas 600 mil y 800 mil personas que cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata, de las cuales 80% son mujeres y niñas, mientras que el 50% son menores de edad, indica el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de EE.UU.
Durante el evento, Ignacio de Lucas, fiscal y coordinador del Proyecto Red de fiscales contra el crimen organizado en Centroamérica, destacó los retos que tiene Panamá para afrontar este flagelo, del que aún no se tienen cifras contadas desde la reciente creación de la ley.
Entre otros temas, el fiscal recalcó que es necesario involucrar a la sociedad panameña, con el fin de evitar la impunidad o el desconocimiento de este problema.
Con datos de Erika Quiñones
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