Lo anterior fue señalado por el especialista financiero, Francisco Bustamante, quien indicó que el funcionario que no haya aplicado la fianza de cumplimiento tras un mal trabajo pudo haber incurrido en “negligencia”.
Asimismo, indicó que si las fianzas fueron mal emitidas y aceptadas sin que se verificara que cumplían con las formalidades de la ley, los montos adecuados y plazos, también existe “responsabilidad”.
Agregó que la Contraloría General de la Nación tiene la responsabilidad de revisar todos los contratos y el proceso efectuado.
Bustamante sostuvo que los afianzadores debieron pagar la fianza por el incumplimiento de las empresas, terminar el trabajo directamente o subcontratar a otra firma para culminar las labores.
El especialista sostuvo que corresponderá ahora a las nuevas autoridades aplicar los correctivos necesarios.
