El abogado Guillermo Cochéz cursó ayer una misiva al Contralor de la República, Alvin Weeden, para que cumpla la ley de derecho de petición y suministre copia de los contratos de dos asesores extranjeros, que prestan servicios en la Presidencia de la República.
Además de referirse a la asesora presidencial costarricense, Anabella Díez de Rodríguez, Cochez pidió el posible contrato pactado con un ex militar norteamericano de apellido Fitzgerald, quien presta servicios de asesoría profesional en el Servicio de Protección Institucional (SPI).