Ex trabajadores de la Mina Santa Rosa de Veraguas se trasladaron a la capital para presentar una querella penal en la Procuraduría General de la Nación contra las acciones no resueltas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2000 a favor de 60 personas.
El representante de los trabajadores Benigno Vargas explicó que el fallo tenía que ser resuelto por la juez de Veraguas Elvira Vernaza.
Según Vargas, la juez Vernaza se declaró impedida en un secuestro interpuesto por su hermano, un ingeniero en la mina, pero el suplente tomó el caso y resolvió que la funcionaria podía continuar.
Vargas señaló que cuando se resolvió el fallo, la juez lo paralizó, en vista que se interpuso un secuestro del cual se repartieron los bienes que favorecieron al hermano y no los remató. La querella incluye a los magistrados del tribunal de Trabajo de Veraguas, jueces de circuito y miembros de la junta de acreedores.
