Un grupo de exfuncionarios de los Casinos Nacionales está exigiendo al Gobierno Nacional el pago de B/.278,000 en concepto de las utilidades netas generadas por esa institución y que no fueron pagadas por el gobierno anterior.
El abogado Miguel Avila presentó un recurso administrativo de plena jurisdicción ante la Corte Suprema de Justicia, luego que tras la privatización de los Casinos Nacionales algunos de sus funcionarios por razón de sus actividades continuaron siendo funcionarios y por ende no podían ser contratados por servicios profesionales.
De acuerdo con el recurso, estos funcionarios tienen derecho al 6% de las utilidades netas generadas por los casinos; establece que este beneficio es un derecho adquirido por los funcionarios que laboraban en esta entidad gubernamental en virtud del Decreto Ejecutivo No. 54 del 24 de marzo de 1996, por el cual se restableció el pago de la citada bonificación y que había sido derogada por el gobierno del expresidente Guillermo Endara.
Dentro del proceso se estableció que los reclamantes continuaron como empleados públicos de los casinos, aún después del cese de funciones el 31 de diciembre de 1997 y esta condición los hará merecedores de la bonificación del 6% correspondiente a las ganancias netas producidas por las actividades de la institución.
También se estableció que el grupo de empleados demandantes nunca fue contratado para prestar servicios profesionales, por ser funcionarios, y el Estado debió respetar el derecho adquirido por los funcionarios.
Además agrega que en ningún punto del acuerdo, suscrito el 18 de diciembre de 1997 entre la Asociación de Empleados de los Casinos y el gobierno, se establece que la bonificación del 6%, derivada de las utilidades netas generadas por esa institución, se eliminaba.
Indica además que en la Contraloría reposa documentación en donde se establece que los citados funcionarios aún laboraban para los Casinos Nacionales, por lo que la actual administración gubernamental debe hacer efectivo los desembolsos.
Estas reclamaciones se adicionan a la ejecutada en fecha reciente por un grupo de legisladores de la pasada Asamblea Legislativa, que reclama el pago retroactivo de B/.3.4 millones para un equiparamiento salarial con los ministros de Estado.
No obstante, una opinión de la Procuraduría de la Administración discrepa con la solicitud de los demandantes, ya que estima no es procedente el pago del 6% a los funcionarios de los Casinos Nacionales.
