Diversos sectores de la sociedad civil solicitaron ante la Comisión de la Trabajo de la Asamblea Nacional, la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las muertes, los heridos y el manejo que dieron las unidades de la Policía Nacional para el control de los hechos de violencia que se registraron en Bocas del Toro.
Las organizaciones opuestas a la Ley 30, también conocida como “Ley chorizo”, consideran que se debe hacer una investigación por personas independientes al Gobierno, a fin de conocer la verdad de los hechos violentos.
Magaly Castillo, representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que el Ministerio Público demostró que no cuenta con esta independencia, pues durante los hechos violentos giró órdenes de conducción a los sindicalistas que anunciaron una huelga.
Cuestionó el manejo de las unidades para el control de multitudes ante esta situación, las cuales considera que colocan al Estado en una posición "peor" a la que estaba el país al momento que operaban las Fuerzas de Defensa.
La conformación de una Comisión de la Verdad fue avalada por la separada procuradora Ana Matilde Gómez, pues considera que tarde o temprano, el Estado debe "sentarse en el banquillo" y responder por la violación de los derechos humanos a una población indígena que probablemente ni siquiera entendía las instrucciones de la Policía durante las protestas.
Agregó que el ente investigativo del Ministerio Público es la DIJ, la cual está adscrita a la Policía, por lo que ésta sería juez y parte en este caso.
Mientras que Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, quien pretende intervenir hoy ante la Comisión de Trabajo de la Asamblea, planteó que es necesario averiguar lo que en realidad ocurrió.
Y Roberto Bruneau, del Comité Ecuménico, consideró que hay que investigar para rendir un informe fidedigno.
