El legislador democristiano, Rubén Arosemena, exigió la apertura de un proceso legal contra la directora de la Caja de Seguro Social, Marianela Morales, y el ministro de Obras Públicas, Luis Blanco, así como una sanción a la empresa mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), por el supuesto despojo de un globo de terreno propiedad de la CSS.
La solicitud fue hecha ayer por Arosemena ante la Defensoría del Pueblo y en la misma se exige el inicio de investigaciones para deslindar responsabilidades legales y el pago de un precio justo por las tierras que ICA utilizó para la construcción del Corredor Sur y que pertenecen al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS.
Paralelo a esto, la Asamblea acordó ayer citar al pleno legislativo a la directora de la CSS, para que explique si se ha iniciado con ICA la venta del terreno utilizado y a qué precio.
En tanto, Arosemena dijo que su denuncia está basada en los reportes periodísticos surgidos hasta el momento, los cuales, aseguró, dejan entrever un posible contubernio entre las autoridades e ICA, ya que según el presidente de la junta directiva de la CSS, Rafael Medina, la entidad desconocía la resolución o el avalúo hecho al terreno en mención.
Lo delicado del asunto, dijo Arosemena, es que este programa le pertenece a todos los asegurados y esto atenta contra los intereses del pueblo.
Destacó que es necesario que entidades como la Procuraduría de la Nación y la Defensoría del Pueblo investiguen sobre quién recae la responsabilidad de esta situación.
Mientras tanto, Octavio Mena, secretario general de la Asociación de Médicos Odontólogos y Afines de la CSS, aseguró que en este caso se ha actuado "de mala fe", ya que es cuestionable que la junta directiva desconociera las intenciones de ICA de utilizar estos terrenos.
