- 3 meses han pasado desde que el Consejo de Justicia hizo el llamado y aún el Gobierno no ha convocado.
Miembros de organismos de la sociedad civil exigen que se reviva el Pacto de Estado por la Justicia para designar al nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia que ocupará el cargo de Alejandro Moncada Luna.
El Pacto de Estado por la Justicia, que data del 2005, habla de establecer una forma de escoger a los magistrados de la máxima autoridad de justicia, que permita mayor transparencia en estos procesos de selección; propuesta que ha sido ignorada por las pasadas administraciones.
Para Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, este es el momento ideal para que se reactive el pacto de Estado por la Justicia, para que sea a través de este medio que se escoja al reemplazo de Moncada Luna.
Araúz consideró que podría ser la tribuna oportuna para que se discuta el perfil de la comisión que sería integrada por notables, quienes vendrían a realizar el proceso de selección del nuevo magistrado. “Estos candidatos deben ser personas que estén dentro de la carrera judicial”, destacó.
En esa misma línea, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados y miembro de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Rubén Elías Rodríguez, dijo que en esta nueva designación, el presidente Varela debe consultar más y escuchar a la sociedad; por lo tanto, es necesario que se cumpla con este pacto. No es fácil designar a una persona con bases a requisitos formales, porque hay otros elementos individuales que son importantes en la designación, manifestó.
Desinterés
El Gobierno tiene un evidente desinterés en cuanto a la reactivación de la mesa de Pacto de Estado por la Justicia.
Hace tres meses, el Consejo Judicial decidió reactivar la mesa del Pacto de Estado por la Justicia para que el Gobierno realizara la convocatoria, pero hasta la fecha los actores del consejo se han quedado esperando el llamado del presidente Juan Carlos Varela.
Mayoría absoluta
La salida de Alejandro Moncada Luna le daría literalmente al presidente Juan Carlos Varela, un control absoluto en la Corte Suprema de Justicia.
Nombraría a cinco de los nueve magistrados que componen el Pleno, de los cuales tres serían seleccionados este año.
Por eso es la preocupación de la sociedad civil para que la selección sea por medio del consenso, porque si no, se estaría dando un mensaje contrario al que se planteó en campaña política.
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, tiene sus aprensiones sobre este tema, pues a su juicio, al final siempre impera el amiguismo sobre la meritocracia.
La selección del magistrado de cuentas en la figura de Alberto Cigarruista y en la escogencia de Kenia Purcell al frente del Ministerio Público generó las primeras diferencias entre el Gobierno y los miembros de la sociedad civil organizada.
El presidente Varela recibió en su despacho la metodología para seleccionar al nuevo magistrado, la cual fue elaborada por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, a cargo de Salvador Sánchez, quien según fuentes consultadas, se presenta como una figura de gran opción para el reemplazo de Moncada Luna.
Las recientes reformas a la Constitución en el 2004 solo limitan a los miembros del Gabinete y diputados para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Pacto de Estado por la Justicia ha sido aplicado a medias
Han pasado casi trece años desde que se elaboró el informe del Pacto de Estado por la Justicia y es muy poco lo que se ha hecho realidad.
De los 27 puntos acordados, solo en diez se han dado leves avances y en las otras propuestas no se ha hecho nada.
Reformas para que las corregidurías sean juzgados de paz es una propuesta que ha quedado en papel.
La agilización de la justicia es otro de los temas que presenta moratoria, ya que la propuesta del pacto se sustenta con la aprobación del Sistema Penal Acusatorio por medio del Código de Procedimientos Penales.
Hasta el momento, los avances no han sido los esperados. El hacinamiento carcelario, debido a la existencia de una población del 70% en espera de juicio por la mora en los procedimientos penales, sigue siendo el escenario. Finalmente, el informe presenta la necesidad de crear nuevos criterios para el otorgamiento de la idoneidad en el ejercicio de la abogacía.
