- 15 días tendrán los sujetos obligados para comunicar a la UAF sobre sospechas de blanqueo de capitales.
El proyecto de ley que adoptaría medidas contra el blanqueo de capitales y tráfico de drogas en Panamá, propuesto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no puede trasladar el costo de su implementación a los usuarios, advirtieron los expertos.
El pasado 10 de marzo, en Consejo de Gabinete, fue avalado el proyecto de ley que pide investigar cualquier tipo de negocios en Panamá, exige a cada negocio reportar las transacciones que resultan sospechosas y entregar información de sus clientes a la UAF, con la contratación de oficiales de cumplimiento, tales como los bancos.
Ante esto, Iván Carlucci Sucre, expresidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), expresó que si bien con el proyecto se tienen buenas intenciones, no es prudente que el Estado traslade el costo de su cumplimiento a los consumidores o negocios.
“Considero que puede ser contraproducente, porque cada contribución tributaria y nuevo gasto que el Estado imponga, de una u otra manera, va a ser trasladado al consumidor”, advirtió Carlucci.
Evaluó, además, que sería irresponsable que en virtud de una nueva normativa se obligue al consumidor a asumir los costos.
“Nosotros no somos más que los facilitadores, el trasladar el costo a la industria no es correcto, y el Estado debe pagar el costo económico de todo cumplimiento de las leyes”, refirió.
Incluso hizo alusión a la condición que enfrenta la industria y cómo está siendo afectada, pues “no pasa por los mejores momentos y poner una imposición de buenas a primeras no tiene ningún sentido; si el Estado lo quiere plantear, que el Estado lo pague. Ya no aguantamos un alza más”.
Ahora, no solamente son bancos, aseguradoras, casas de valores y cooperativas los que estarán obligados a reportar transacciones sospechosas y entregar información de sus clientes, reveló el documento obtenido por Panamá América.
En la lista de obligados a entregar información a la UAF estarían también la Zona Libre de Colón, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, empresas de transporte y construcción, la Lotería Nacional, Correos y Telégrafos, abogados, contadores públicos y auditores externos.
“Otras entidades y actividades que por naturaleza de sus operaciones puedan ser utilizadas para la comisión del blanqueo de capitales” también estarán obligadas a reportar, establece el proyecto de ley.
Esto obligaría a que todas las empresas del país deban entregar información de sus clientes a la UAF, sin importar la actividad que desempeñan.
A juicio del economista Adolfo Quintero, Panamá, como un país de servicio financiero, requiere de un mejor control y supervisión para evitar el lavado de dinero que podría ser del narcotráfico, la corrupción o el terrorismo.
“El manejo de los fondos requiere un mayor control, y sí, eso va a generar costos adicionales, pero el beneficio para el país va a ser muy superior”, opinó Quintero.
Destacó que existen entidades no bancarias que pueden ser utilizadas para el lavado de dinero, y en años anteriores, países como Estados Unidos han encontrado empresas dedicadas a las transferencias monetarias que son utilizadas para el lavado.
El fiscal de cumplimiento deberá procurar que el reporte no sea burocrático.
El artículo 11 de la propuesta señala que la Unidad de Análisis Financiero podrá intercambiar con entidades homólogas de otros países información de inteligencia financiera para el análisis de la que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales.
Además, permitiría que se intercambie información con los países donde no se ha suscrito un acuerdo alguno, salvo ser miembros del grupo Egmont.
Las empresas que operan en la Zona Libre de Colón deberán detallar las transacciones del país exportador, puerto de embarque, importador, puerto de desembarque y la relación con el producto comercializado, así como el verdadero origen del producto y del beneficiario final.
Proyecto de ley de la UAF permanece en agenda legislativa
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, sería el encargado de explicar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca conocer la procedencia de los pagos que reciben en efectivo y en formato que el organismo de supervisión defina con la UAF.
Para ello, debe identificarse al cliente o a la tercera persona que realiza el pago de los productos vendidos, y abstenerse de hacer operaciones con contrapartes que estén relacionadas con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de reportar a la UAF cualquier sospecha en este sentido.
En el continente americano, unos 36 países son parte del grupo, entre estos Estados Unidos, Colombia, Argentina y Venezuela.
En Europa, 57 países son miembros de Egmont, entre ellos Alemania, Suiza, España, Grecia y Ucrania. Mientras, en Asia son 24 los países parte de este grupo, y otras 9 naciones de Oceanía.
