El Fiscal Primero Superior, Juan Antonio Tejada sostuvo ayer que existe una ley en donde se obliga al gobierno a suministrar los fondos necesarios para la implementación de un laboratorio de ADN, con el fin de esclarecer los crímenes y los casos de paternidad irresponsable.
Tejada aseguró que mediante la Gaceta Oficial No. 23,684 se promulgó la Ley No. 80 de noviembre de 1998, por la cual se creó una base y un banco forense de datos de ácido desoxirribonucleico y se adoptan otras medidas.
El funcionario de instrucción planteó que esta legislación obliga al Estado a destinar los fondos necesarios para establecer un laboratorio donde se puedan ejecutar las pruebas de ADN en los crímenes, en donde sea difícil identificar a una víctima o un asesino.
Reveló que a la fecha el Ministerio Público ha utilizado con éxito la prueba de ADN en siete casos, entre los que mencionó el del sacerdote Héctor Gallego, el bombazo contra el avión de la línea aérea ALAS, un homicidio cometido en la cantera La Pesa de La Chorrera, un caso de violación en el crimen de Julissa Vega y un grupo de osamentas encontradas en el área de Chilibre, en donde se logró identificar a la mayoría de las personas.
Alegó que la prueba de ADN en la mayoría de los países ha resultado ser un instrumento determinante para la exclusión o inclusión de personas dentro de una investigación criminal y que su puesta en funcionamiento es muy necesaria.
Explicó que en los Estados Unidos mediante el uso del ADN se logró exculpar de responsabilidad a 82 reos que habían sido condenados a la pena de muerte y que esta herramienta también se ha utilizado esclarecer los casos de paternidad irresponsable.
No obstante, aseguró que dos años de la aprobación de la citada legislación aún las autoridades gubernamentales no han dotado al Ministerio Público de los fondos para poner en funcionamiento esta herramienta científica.
Explicó que en algunas resoluciones emitidas por los juzgados y los tribunales hacen referencia a la imperiosa necesidad de utilizar esta técnica para esclarecer algunos crímenes violentos y casos de paternidad en los que resulta muy difícil establecer la identidad de los responsables.
Dijo que en materia legal obtenida de las pruebas de ADN tiene un 100% de validez, dado que su confiabilidad es muy alta y con un margen de error mínimo.
