Una gran expectativa vive en estos momentos la comunidad refugiada de colombianos que permanece en Darién, como las organizaciones nacionales e internacionales de apoyo a los cientos de desplazados, frente a la política que adoptará el nuevo gobierno del presidente electo, Martín Torrijos.
El mandatario electo en reciente declaraciones a El Tiempo de Bogotá habló sobre temas obligados sobre los desplazados, el conflicto armado y el tráfico de armas.
Torrijos en esa ocasión manifestó que la política frente a los desplazados "será repatriarlos en una colaboración estrecha y fluida con el gobierno colombiano".
Gonzalo Vargas Llosa, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) en nuestro país, en entrevista concedida a El Panamá América en Jaqué, Darién, señaló que ante los cambios de actitud asumidos por la firma del Acuerdo Binacional entre Colombia y Panamá en el mes de marzo, se han dado cambios concretos con la regularización y legalización de los refugiados colombianos.
"Es muy importante que el próximo gobierno a partir del 1 de septiembre, también asuma ese compromiso que adoptó la actual administración en marzo, y que haya una continuidad en la ejecución en el proceso de regularización que es clave", sostuvo Vargas Llosa.
Informó que la representación de las Naciones Unidas ha sostenido acercamientos informales con Vivian de Torrijos y con el propio Martín Torrijos.
En las últimas tres semanas miembros que integran este organismo internacional, han sostenido reuniones de trabajo dándose a conocer cuáles son los planes y donde se encuentra Panamá en este proceso de legalización de los refugiados colombianos.
"Tendremos que esperar intercambios más formales y oficiales, ya que todavía no se ha asumido el poder, pero yo estoy seguro que estos compromisos adquiridos en las negociaciones binacionales, representan compromisos no del gobierno, ni de un partido, sino del Estado", recalcó Vargas Llosa.
Detalló que ha sido de gran importancia recordar que durante el Programa de Gobierno 2004-2009 de la Alianza Patria Nueva del Partido Revolucionario Democrático (PRD), hay una mención clara y específica en donde se le dará una mayor prioridad de desarrollo en la zona fronteriza.
Y más específicamente el representante de ACNUR en Panamá, recalcó que el próximo gobierno va a seguir apoyando a aquellos colombianos que han sido desplazados por la violencia y que se encuentran en las zonas fronterizas en cooperación con la comunidad internacional.
"De por sí hay un compromiso formal del PRD y del Partido Popular en su plan de gobierno en lo que respecta a la protección y asistencia de los refugiados", apuntó Vargas Llosa.
Hay más de 800 colombianos bajo el estatus de protegidos humanitarios temporales establecidos en su gran mayoría en Jaqué, el Tuira y Puerto Obaldía desde 1996, al huir del conflicto armado en el vecino país.
Aunque este estatus en el que se encuentran las familias colombianas es de forma temporal, han tenido que permanecer en tierras panameñas al agudizarse la violencia en Colombia por la incursión diaria al que son sometidos los pueblos del país vecino por los grupos insurgentes.
El actual gobierno ha tenido que establecer nuevas políticas en la que se tiene previsto que para finales del mes de julio la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) legalice a la población con la entrega de carné.
Mientras que el gobierno colombiano establezca los consulados móviles para otorgar documentos de identidad personal, que les permita mantener un mayor ordenamiento de esta población colombiana en suelo panameño.Con futura administraciónppp Liliana, una indígena emberá, huyó en 1996 del área de Juradó para refugiarse en Jaqué ante la violencia en la zona fronteriza con Colombia.
