Experiencias de un negociador

ALEJANDRO Ferrer ha conducido negociaciones comerciales con Singapur, Estados Unidos y Colombia. Ahora los planes son terminar de negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC), tratar con los países del G3, tener aproximaciones con el Mercosur y conversar con Chile.
Como titular de la cartera de Comercio e Industrias y experto en negociaciones, él considera que éstas son la base del desarrollo social y económico del país, por lo que hay que sacar los máximos beneficios.
El TLC con Estados Unidos, quizás la más conocida de sus negociaciones, fue un reto del que hasta ahora ha obtenido satisfacciones, al punto que fue aplaudido por representantes de los productores al salir de una de las reuniones. Ese fue un "momento muy emotivo".
Los productores, como él mismo relata, se dieron cuenta que tenían los mismos intereses y a partir de allí encontró un sector productivo abierto, cooperador y preparado. "Antes de ganar a la contraparte nosotros como panameños triunfamos en desarrollar las mejores estrategias para el país", manifestó.
Sin embargo, llegar como un frente unido a la mesa de negociaciones no era garantía de éxito, menos cuando se hacen acuerdos con una potencia como Estados Unidos.
Lejos de intimidarse, Ferrer considera que las negociaciones entre dos países al final acaban siendo negociaciones entre equipos compuestos por personas. En su opinión el grupo panameño está muy preparado, son más de 10 años de experiencia
Asia y el Pacífico ocupan el primer lugar de regiones con mayor incidencia de trabajo forzoso, tres víctimas por cada 1,000 habitantes. Le sigue América Latina con una relación de cada 2 por 1,000 habitantes.
En América Latina y el Caribe un 75% del trabajo forzado es impuesto por el sector privado con fines de explotación económica. Un 16% lo ejerce el Estado, mientras 9% por explotación sexual comercial.
Las principales víctimas en la región son los indígenas, quienes viven en asentamientos que han fomentado la demanda de mano de obra barata y en donde no existe la presencia estatal que impida la explotación de los trabajadores. Resulta que esta población padece a un mismo tiempo de los efectos de la discriminación y de la pobreza, incluso de la pobreza extrema.
El informe de la OIT señala que aunque en la región se han hecho ingentes esfuerzos por acabar con este tipo de servidumbre rural, no se ha podido impedir la aparición de nuevas modalidades del trabajo forzoso.
Las víctimas, por el ánimo de lograr mejores ingresos, se trasladan a áreas apartadas dentro de su país para laborar en actividades agrícolas durante un tiempo limitado. O bien, llegan a las zonas urbanas o periurbanas a laborar en establecimientos pequeños o grandes empresas.
Los factores que hacen vulnerable a la población indígena son varios.
Existe una débil presencia del Estado, poca inversión en los servicios públicos en las regiones en donde viven, su nivel de alfabetización bajo los hace ser fácil presa de aquellos que los quieran someter a la servidumbre por deudas.
(ver ilustración en la página A4 del diario impreso)