El exprocurador de la Nación, Rogelio Cruz, aseguró ayer que tanto el Consejo Nacional de Seguridad como la Policía Nacional ejecutan escuchas telefónica, a pesar de que ello sólo le corresponde al Ministerio Público, previo el consentimiento de un juez.
Cruz consideró que en Panamá no existe un procedimiento definido para efectuar esta actividad, ya que la Policía y el Consejo de Seguridad practican el espionaje telefónico sin la autorización del Ministerio Público.
Aseguró que es necesario ejecutar una serie de cambios a la legislación que regula esta materia para garantizar la confidencialidad, las libertades públicas y la reserva de ciertos derechos.
Dijo que también se debe establecer un adecuado control judicial a las instituciones que ejecuten las escuchas telefónicas, a fin de que las intervenciones telefónicas no sean arbitrarias y no se utilicen para fines no previstos en la ley.
Consideró que los pinchazos telefónicos deben ser ejecutados por el Ministerio Público, pero con una autorización previa del Organo Judicial, debido a que esta es una facultad que se adentra de forma muy peligrosa en los derechos de las personas y por ello debe haber un control judicial.
Sostuvo que el Consejo de Seguridad y la Policía deben quedar excluidos por la ley de esta posibilidad para evitar conflictos y la mala utilización de una herramienta que sólo se debe utilizar en casos extremos.
Por su parte, el también exprocurador Jorge Ramón Valdés coincidió con Cruz al establecer que debe corresponder sólo al Ministerio Público ejecutar las escuchas telefónicas y mantener una absoluta reserva sobre el resultado de estas investigaciones.
Valdés también aseguró que las escuchas telefónicas deben ser solamente utilizadas en casos de alto perfil y en donde se encuentre en riesgo la seguridad nacional.
