La suspensión de la Ley 56 de 2011, que regula los servicios privados de seguridad se extenderá a nueve meses, luego de que así lo aprobara en segundo debate el pleno de la Asamblea Nacional.
La propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo suspendía la vigencia de la ley en mención por seis meses, lo que fue respetado por la Comisión de Gobierno al momento de darle primer debate.
Sin embargo, ayer el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila propuso que en vez de suspenderla fuera derogada totalmente, para que se pudiera discutir una nueva norma, tras la oposición de varios sectores por lo aprobado el año pasado.
“No tiene sentido suspender una ley por seis meses, y al cabo de seis meses volver a discutir la misma ley, hagamos la cosa de manera directa”, sostuvo.
La proposición surgió cuando la mayoría de los diputados oficialistas se habían retirado, luego de aprobada la Ley del Fondo de Ahorros de Panamá, lo que motivó un receso con el propósito de que los integrantes de todas las bancadas se reunieran para tratar de llegar a un acuerdo.
Reanudada la sesión se procedió a leer la propuesta de consenso para que se modificara el artículo 1 del proyecto y extender el periodo de suspensión de la ley a nueve meses.
Este lapso será contado a partir de la entrada en vigencia de la ley que suspende la norma, una vez sea sancionada por el Ejecutivo.
La modificación fue presentada por Ávila, Renaúl Domínguez, Adolfo Valderrama, Luis Eduardo Quirós, Crescencia Prado y los oficialistas Yanibel Ábrego y Osman Gómez, siendo aprobada a golpe de curul.
Por otra parte, la directiva del Legislativo decidió habilitar el día de hoy para aprobar este proyecto en tercer debate y agilizar la discusión de los otros temas pendientes en las sesiones extraordinarias, como son el Ángel Guardián y el que incrementa las penas por tráfico y posesión de drogas, armas y explosivos.
diferencia de tiempode suspensión
6- meses fue la propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo y aprobada en primer debate.
- meses será el tiempo de suspensión de la Ley 56, luego de un acuerdo entre todas las bancadas.