El Primer Tribunal Superior de Justicia confirmó una sentencia que obliga a los trabajadores del IRHE al pago de B/.3.6 millones al abogado Candelario Santana en concepto de honorarios por la negociación de ocho convenciones colectivas durante la privatización de esa empresa estatal.
El fallo confirmó una decisión emitida por el Juzgado Séptimo Civil que negó la aprobación de las excepciones presentadas por los trabajadores del IRHE al pago que debía realizarse al abogado Santana.
La decisión del tribunal superior obliga a los trabajadores a ejecutar el pago del 4% de los B/.82 millones recibidos por éstos en concepto de prestaciones y un bono extraordinario, tras la privatización de la estatal de energía.
Inicialmente, el juzgado había ordenado el embargo de B/.6.5 millones de una bonificación extraordinaria a la que tenían derecho los trabajadores para garantizar el pago de los honorarios a Santana.
En ese sentido, el abogado Candelario Santana instó a los trabajadores del IRHE a aceptar la decisión del tribunal y advirtió que si recurren a otra instancia judicial se verá en la necesidad de interponer una demanda por daños y perjuicios, ya que su negativa de cumplir con el compromiso adquirido le ha ocasionado serias dificultades.
A la vez señaló que los trabajadores podrían ver incrementado los montos a desembolsar en concepto de las costas del proceso y que ya en esta ocasión se les aplicó una multa de B/.300.
El litigio llegó a los tribunales, cuando un grupo adverso a la dirigencia sindical rechazó el acuerdo de honorarios, lo que provocó la presentación de una serie de recursos para impedir el cobro del 4% por parte de Santana, bajo el argumento que éste ya había recibido un pago de B/.25 mil por sus servicios.
De acuerdo con las sumarias, en una ocasión el secretario general del SITIRHE, Jorge Arosemena, aceptó en una ocasión ante los tribunales la validez del acuerdo suscrito con Santana, pero luego se retractó de sus declaraciones.
Una fuente ligada a los extrabajadores del IRHE, aseguró que no descartan acudir hasta la Corte Suprema de Justicia para dilucidar la situación de la legalidad o no del pago de los B/.3.2 millones.
