Extrabajadores intentan impedir orden de embargo

Un grupo de trabajadores del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) se apersonó a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar a las autoridades ministeriales que se solidaricen con una medida legal interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los manifestantes, encabezados por la abogada Rosa Pérez, le entregaron al viceministro de Finanzas, Eduardo Quirós, copia de un amparo de garantía que fue presentado ante la CSJ para impedir una orden de embargo dictada por el organismo de justicia sobre bienes del Estado.
Recientemente, la Corte emitió un fallo que permite al abogado Candelario Santana, negociador por parte del sindicato de trabajadores del IRHE para la reestructuración de la empresa, embargar fondos estatales por el orden de los tres millones de balboas.
De acuerdo con los quejosos, el fondo de tres millones corresponde a los trabajadores de la antigua empresa de servicios eléctricos y no a Santana, quien ya había cobrado B/.25 mil durante los procesos de negociaciones en que le fue entregado a los trabajadores un bono estatal.
Según Rosa Pérez, el amparo de garantía fue introducido para lograr una revocatoria del fallo de la Corte, pero advirtió que de no ser atendida la solicitud acudirán a la Corte Interamericana, porque hubo violación a los derechos humanos en las actuaciones de Santana.
Según el grupo de trabajadores, toda la documentación que certifica la irregularidad fue examinada por el contralor general de la República, Alvin Weeden, quien en un principio evitó que los tres millones de balboas solicitados por Santana fueran tomados. Los quejosos lamentaron que a pesar de la medida ejecutada por la Contraloría, la Corte de Justicia haya optado por favorecer al abogado.
Indicó que durante el periodo de vigencia se llevaron a cabo investigaciones en los lugares que fueron señalados como posibles fosas clandestinas en diferentes lugares del país, registrándose el hallazgo de huesos humanos.
Indicó que con las pruebas de ADN se determinó que muchas de las osamentas pertenecían a personas que habían sido reportadas como desaparecidas durante ese periodo. Apuntó que Chiriquí y la ciudad de Panamá, fueron las que más casos presentaron.