Un grupo de extranjeros radicado en Panamá pidió al defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, que intervenga para que la Alcaldía de Panamá y la Dirección de Migración no los persiga y los dejen trabajar para llevar el sustento a sus hijos panameños.
Para una de las afectadas, quien tiene 13 años de estar trabajando la buhonería en Panamá, lo que quieren es pedirle al defensor del Pueblo que intervenga para que se les permita trabajar, ya que hay algunas autoridades que no lo están haciendo, a pesar que son casados con panameños, tienen hijos panameños y tienen sus documentos en regla.
Señaló que en el Municipio de Panamá se les dijo que no podían trabajar, porque existe una ley que establece que la buhonería está reservada para los nacionales.
"Para nosotros, por encima de la ley están los derechos de nuestras familias, los derechos de nuestros hijos, que son panameños, que necesitan educación, necesitan comer y necesitan vivir como se lo merecen. Entonces si se nos impide trabajar, qué vamos a hacer", preguntó.
Por su parte, Ana Mercedes Heredia, también extranjera, dijo que en una reunión con el asesor legal de la Alcaldía, se le dijo que los miembros del Sindicato Panameño de Buhoneros son los que tienen derecho a trabajar la buhonería y que son ellos los que están presionando al Municipio y a Migración para que se haga cumplir la ley.
"Tanto parece que le tienen presión a Migración, cuando esta institución la noche del jueves se presentó con la Policía en sitios donde viven extranjeros allí en Calidonia, rompiéndoles puertas para sacarlos de su casa. Esos no son derechos humanos", apuntó.
Indicó que tienen conocimiento que sí hay personas ilegales que no tienen sus papeles, pero tampoco le están permitiendo trabajar a los legales.
"Yo tengo doce años en Panamá, tengo cédula, tengo cuatro nietos en Panamá y dos niñas que viven conmigo. Yo no sé qué van a hacer conmigo, pero yo no las voy a dejar morir de hambre, ni se las voy a llevar a Mireya para que me las mantenga", enfatizó.
El doctor Roger Manuel Montero, especialista en cirugía plástica reconstructiva, atendió a Roger, quien presentaba graves quemaduras en su cuerpo.
Aseguró que el caso era muy grave, puesto que la descarga eléctrica de alta tensión le carbonizó las dos manos y parte de sus brazos. Además, indicó que una descarga de esa magnitud lesiona órganos internos importantes como el corazón, músculos, hígados y trae consigo ciertas complicaciones cardíacas o renales en las primeras 48 horas.
Sostuvo que es muy difícil salvar a una persona en la condición en que Roger llegó al nosocomio, no obstante, se instauró un cuidado intensivo dentro del hospital regional, en el que participó el personal capacitado, para lograr salvarlo.
Indicó que éste ha sido uno de los casos más graves que ha atendido y que gracias a Dios se pudo salvar su vida, pero era inevitable la pérdida de sus miembros, pues los músculos estaban completamente carbonizados.
Informó que la empresa SKANSKA canceló los gastos médicos para salvarle la vida al paciente, incluyendo su traslado a la ciudad capital. Sin embargo, las secuelas en el cerebro producto de la descarga eléctrica no se ven el primer año, sino a partir del tercero, cuando el déficit neurológico y en la memoria empiezan a manifestarse.
Pero el estado emocional es la parte más critica, que muchas personas nunca logran superar. Algunos tienden al suicidio, otros a cuadros depresivos muy agudos y tienen que estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.
La situación de su nueva vida es muy difícil, aseveró el doctor.
Ante el problema que presentó Roger y la falta de recursos económicos que le rodea, el médico especialista decidió asumir la responsabilidad legal de llevarle el caso como abogado litigante a solicitud de los familiares, porque fue una de las personas que vivió por tres meses continuos el caso.
Indicó que como representante de Acosta presentó las debidas reclamaciones a SKANSKA, ya que consideraba que no iba hacer necesario, porque la empresa informó a Riesgo Profesional los detalles del accidente.
Sin embargo, la empresa no quiso negociar para resarcir económicamente los daños que sufrió Roger y garantizarle una estabilidad económica, por lo que se entabló la correspondiente demanda, ya que lo ofrecido por la empresa eran cantidades ínfimas que no alcanzarían ni siquiera para que él viviera un año.
La demanda fue interpuesta por B/.3 millones. Ahora la empresa quiere demostrar que Roger es responsable del hecho, lo que es totalmente ilógico, expresó el galeno.
"Lo que se busca es mitigar el gran dolor que lleva por dentro, junto a su familia, que miran todos los días las secuelas de este accidente", detalló el doctor Roger Manuel Moreno.
El monto establecido busca resarcir el daño moral y mitigar en parte sus necesidades, precisó el defensor de Roger. Sin embargo, fue claro al señalar que la transnacional, a través de sus abogados, quiere hacer ver que Roger es el responsable, a pesar que la orden provino del capataz y el accidente ocurrió dentro de la empresa.
Están a la espera del fallo del Juzgado de Circuito Civil para que se defina si Roger necesita o no que se le otorgue una indemnización, ya que como doctor, como abogado y como ser humano considera que la cantidad solicitada es justa, a pesar que los daños son superiores a lo establecido.
Por su parte, Rols Masis, gerente de SKANSKA, lamentó el accidente que le ocurrió a Acosta y aseguró que ellos han tenido una comunicación continua con el afectado. Pero, considera que la demanda presentada está fuera de lo normal y por lo tanto las investigaciones corresponden a la compañía de seguros, para determinar la culpabilidad en el caso.
Dijo que en varios ocasiones trataron de llegar a un acuerdo con Acosta, pero el proceso legal impide la situación. Se ha conversado de varios tipos de indemnizaciones, pero no ha sido factible llegar a un acuerdo.
"Yo siento que el señor Acosta ha estado dispuesto a llegar a un acuerdo, pero lamentablemente hay otras personas que tienen influencias y no ha sido posible. Ahora están esperando lo que diga el juez en cuanto a de quién es la culpabilidad", dijo Masis.
A ser cuestionado sobre la posibilidad de que la justicia falle a favor de Acosta, señaló que el monto exigido es demasiado alto, que está dispuesto a pagar una cantidad inferior, pero tiene que esperar el fallo, porque en cada accidente hay parte y parte.
Admitió que es un trámite legal se seguirá y la empresa tiene que responder antes de retirarse, porque hay obligaciones contractuales que cumplir. Informó que la empresa permanecerá como unos tres años más en el país.
Sin embargo, Roger Acosta sin manos y sin un pies espera desesperado en su humilde hogar la decisión del Juzgado Civil, ya que considera que él no fue culpable porque nadie quiere morir electrocutado y mucho menos perder miembros importantes de su cuerpo. A pesar que la vida ha sido dura con él, quiere seguir viviendo.