La abogada Janeth Morhaim, representante legal de la empresa, detalló que el 8B-06 recibió mantenimiento por parte de la empresa durante el año de garantía, pero que posteriormente el vehículo nunca retornó a los talleres de Ultrapartes ni Distribuidora David para recibir su respectivo mantenimiento.
De acuerdo con Morhaim, esta situación fue reconocida dentro del expediente por los imputados Edwin Jiménez, Próspero y Edwin Ortega, quienes señalaron que el vehículo fue atendido por personas no autorizadas.
A la vez detalló que en este caso se quiere tender una cortina de humo sobre los verdaderos responsables de la tragedia.
También en las sumarias se acreditó que el bus tenía capacidad para 41 pasajeros, pero que al momento de la tragedia llevaba pasajeros en exceso, algunos de los cuales se encontraban parados.
En el expediente existen cinco informes periciales que atribuyen la causa del incendio a alambres mal empalmados en el sistema de aire acondicionado, que produjeron un cortocircuito.
También un análisis químico demostró la existencia de gases inflamables en el aire acondicionado y en los compresores.
Por su parte, el informe de seguridad del Cuerpo de Bomberos, señala que el fuego se originó en el cableado eléctrico del sistema de aire acondicionado, producto del recalentamiento del vehículo.
Además, se produjo una explosión por el uso del gas HC12A, que era altamente inflamable y que creó un exceso de presión en el sistema del aire acondicionado.
A juicio de la jurista, en ninguno de estos casos la empresa F. Icaza tiene responsabilidad.
El bus 8B-06 se introdujo al país en el 2002.
Recibió mantenimiento hasta el 28 de abril del 2003.
Posterior a esta fecha, no existen registros en las empresas sobre algún tipo de trabajo de mantenimiento.
Se incendió el 23 de octubre del 2007.
