Aunque en China parecen estar las respuestas de los 46 barriles del disolvente dietilenglicol, que fueron vendidos a la Caja de Seguro Social (CSS) como si fuera glicerina para preparar medicinas que cobraron la vida de cientos de panameños, el Gobierno no queda eximido de culpa
porque ignoró los controles de calidad que exige la Ley 1 de Medicamentos.
Así lo dio a conocer Anabel Herrera, vocera del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Vida, quien advirtió que seguirán luchando para que se investigue a las autoridades de la CSS y del Ministerio de Salud, por no cumplir el compromiso de velar por la salud de los panameños.
Estos planteamientos se dan, luego de que el diario New York Times divulgara que la supuesta glicerina, que pasó por varias empresas intermediarias, incluyendo a Medicom, no fue analizada para corroborar que en efecto se trataba del producto solicitado.
Herrera precisó que la información publicada será analizada con sus abogados, a fin de determinar la veracidad de la misma y las acciones a seguir.
Por su lado, la abogada Ivette Landero, vocera de otro grupo de familiares, apuntó que independientemente de quien haya traído la sustancia contaminada, el Ministerio Público debe iniciar un proceso paralelo contra Medicom, que aceptó haber alterado la fecha de caducidad de este producto.
Falla en China no exime al Gobierno
El rastro del dietilenglicol desde China a Panamá, revela que el cargamento pasó por tres compañías en tres continentes y ninguna verificó la sustancia.
