El fallo de un tribunal de arbitraje que obliga al Estado a pagar B/.32.5 millones de indemnización a un consorcio francés por el incumplimiento de un acuerdo para la construcción de una terminal de transporte en Colón, "huele a podrido", afirmó el ministro de Gobierno, Héctor Alemán.
Indicó que no es justo pagar esa cantidad, por lo que los abogados del Gobierno buscan los mecanismos legales para defender al Estado.
En tanto, Vicente Archibold, especialista en Derecho Administrativo, señaló que el Ministerio Público debe investigar las reglas del acuerdo firmado entre el Estado y la empresa Fernando de Lesseps, para determinar cómo se desarrolló el arbitraje.
Explicó que en este tipo de arbitrajes hay exigencias explícitas que deben ser cumplidas, pues no se trata de un arbitraje de "abarrotería".
Aseguró que convenios internacionales exigen que los miembros del tribunal de arbitraje sean expertos en Derecho Administrativo y que los árbitros usados en este caso, no lo son.
Informó que el árbitro Ulises Pittí, es experto en derecho de familia; Eduardo Rodríguez, en normas de construcción, y Didio Ríos, cuya especialidad desconoce. Agregó que la Procuraduría debe demandar ante la Corte Suprema la nulidad del fallo.
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