A pesar de que los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son de obligatorio cumplimiento, no hay un mecanismo coercitivo que obligue al Estado panameño a cumplirlo, afirmó el jurista, Julio Yau.
Explicó que en derecho internacional no hay una entidad ejecutiva que establezca un mecanismo para concretar el fallo, pero "eso no disminuye la necesidad de acatar la obligación asumida", porque Panamá, como país signatario del Pacto de San José, está comprometida a aceptar las decisiones que se emitan.
El Estado panameño está siendo procesado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Costa Rica, por haber violado los derechos de unos 270 trabajadores de diferentes instituciones estatales que fueron despedidos en 1990, mediante la aprobación de la Ley 25.
Yau dijo que el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es inapelable, aunque no descartó la posibilidad de que se analice elevar una "petición de consulta" a la Corte Internacional de la Haya, con el fin de "conocer si hay mérito para que el fallo no sea acatado por Panamá.
El jurista, experto en derecho internacional, dijo que Panamá tiene dos alternativas: acatar y darle cumplimiento al fallo o no acatarlo y quedar como un país que viola los acuerdos internacionales pactados.
Sin embargo, recalcó que en un momento en que Panamá ha recibido el Canal, tiene que demostrar credibilidad, aceptando con responsabilidad sus compromisos internacionales.
A juicio de Yau, al equipo defensor del Estado panameño le faltó experiencia sobre la metodología a seguir en una corte de derechos humanos en el sistema interamericano y por esa razón, todo hace indicar que el Estado podría perder el caso.
