Un fallo condenatorio que obligue al Estado panameño a continuar las investigaciones por las muertes y desapariciones durante la dictadura, advirtió Víctor Rodríguez, miembro del Servicio Interamericano de Abogados de Derechos Humanos de Costa Rica.
Para el litigante costarricense, existen evidencias fehacientes en el informe entregado por la Comisión de la Verdad en la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que prueban las desapariciones forzosas y muertes provocadas que deben ser esclarecidas.
Explicó que Panamá es un caso muy singular, a diferencia de países donde existen Comisiones de la Verdad, pues los panameños no han vivido un conflicto militar interno que haya desestabilizado a la nación, como son los casos de El Salvador y Nicaragua.
Añadió que el Estado está obligado a continuar las instrucciones judiciales, ya que a diferencia de los países en referencia, no tiene un marco jurídico que favorezca la impunidad, como son las leyes de amnistía o de prescripción.
Sostuvo que antes del derecho a conocer los acontecimientos de la etapa dictatorial, está el principio de humanidad que debe cumplírsele a los panameños y a las familias de las víctimas.
Otras dos empresas que se favorecieron de una equiparación de su contrato fueron Colon Container Terminal (CCT), Manzanillo International Terminal (MIT).
Primeramente la ampliación trataba de ampliar la capacidad del puerto dos veces al área inicial utilizada. Esto se lograría a través de la ampliación del muelle, como del patio de contenedores.
A esto se le suma los trabajos de la tercera fase que están en proceso de culminación que incluye las mejoras y ampliación del puerto de Balboa, que contemplaba el dragado del canal de aproximación al muelle 18 y la reubicación de los muelles flotantes, entre otros puntos.
Según el cálculo inicial los trabajos de modernización traerían como beneficio económico ingresos por el orden de los $100 millones.
Al comenzar a hablar de una revisión de la equiparación del contrato de PP C, llega a la mente la idea que esto puede hacer dudar sobre la seguridad jurídica que ofrece el país.
Pero como explicó Mirones, cuando se firma un contrato con una empresa por lo regular contiene una cláusula que les permite realizar revisiones a futuro, y está práctica no viola la seguridad jurídica de la empresa que opera en el país.
El Panamá América intento una reacción de parte de parte de la empresa Panamá Ports Company, pero no se logró ninguna respuesta sobre el tema en discusión.
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