La procuradora de la Nación encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revoca una orden de la Fiscalía Auxiliar, por la cual se ordenaba a la Policía Técnica Judicial (PTJ) el traslado de los detenidos junto con su respectivo expediente, constituye un retroceso y puede provocar el hacinamiento en el sistema penitenciario de esa institución.
Según Araúz de Grimaldo, los funcionarios del Ministerio Público acatarán el fallo de la Corte, pero exhortarán a las autoridades policivas encargadas de las aprehensiones, para que se dé el traslado físico de los detenidos al despacho de instrucción dentro del término de entrega del expediente como meta ideal.
La jefa del Ministerio Público indicó que con el inicio del programa de integración entre la PTJ y la Procuraduría se adoptaron un conjunto de medidas tendientes a fortalecer el ejercicio de la acción penal, entre las que se estableció la obligación a los agentes de la PTJ de entregar los expedientes conjuntamente con los sujetos aprehendidos.
Precisó que el fallo de la Corte puede producir la prolongación de la detención de las personas dentro del sistema carcelario, que en la actualidad no reúne las mejores condiciones, lo que puede provocar situaciones de hacinamiento.
Afirmó que el hecho de llevar el detenido junto con el expediente tendía a reducir la cantidad de personas bajo arresto y promover una mejor administración y celeridad de la justicia.
La Corte Suprema decidió rechazar el oficio No. 16272 dictado por el fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera, mediante el cual se ordenaba el traslado de los detenidos junto con sus expedientes respectivos.
