El ex contralor, Alvin Weeden había presentado una demanda de nulidad del contrato suscrito entre la AMP y el Estado para la recolección de desechos y contaminantes arrojados por las embarcaciones que transitan por las aguas nacionales.
Tras acoger la demanda la Sala Tercera había ordenado la suspensión provisional del contrato.
Sin embargo, los representantes de la empresa había presentado una solicitud para levantar la suspensión, pero éste había sido rechazado. De hecho, Ocean Pollution es una de las pocas empresas especializadas en la recolección de sustancias contaminantes, usualmente arrojadas por las embarcaciones que transitan por las aguas del país.
En una inspección realizada por funcionarios de la Sala se determinó que la empresa contaba con los equipos para realizar los trabajos.
La contraloría también solicitó la suspensión de una addenda como parte del contrato.
La Contraloría aseguró que existen irregularidades en la ratificación del contrato por lo que solicitó su nulidad.
Los directivos de Ocean Pollution lograaron probar la legalidad del contrato.
