Fallo tardío sobre elección de decanos

DE manera tardía, la Corte Suprema de Justicia decidió no acoger la suspensión provisional de las elecciones para decano y vicedecanos de la Universidad de Panamá.
La decisión se conoce casi 10 días después que se llevaran a cabo las elecciones de la universidad.
La resolución se refiere a las candidaturas de Fredy Blanco, vicedecano de la Facultad de Odontología.
También hace referencia a las candidaturas de la Diana Chang, decana de la Facultad de Informática; Alejandro Gaitán, director regional; y Omar López, decano de la Facultad de Odontología.
El catedrático de la Universidad de Panamá Miguel Antonio Bernal había presentado al menos unas 11 demandas contencioso administrativas, contra la candidaturas de decanos y vicedecanos que pretendían reelegirse en sus cargos.
Sin embargo, la resolución cuenta con el salvamento de voto del magistrado Adán Arnulfo Arjona, quien discrepó con la opinión del resto de los miembros de la sala tercera contencioso administrativa.
En su escrito, Bernal señala que la reelección de estos funcionarios violaba el artículo 24 de la Ley 11 de 1981, la Ley 24 de 14 de julio de 2005 y los artículos 30, 31 y 32 del Código Civil.
De acuerdo con Bernal, los demandados se postularon para cargos que actualmente desempeñan dentro de la Universidad de Panamá.
La mayoría de los candidatos impugnados ganaron un segundo período consecutivo en las elecciones realizadas en la Universidad de Panamá.
En el caso del rector Gustavo García De Paredes, la sala emitió una resolución con la que suspendió provisionalmente su candidatura.
Pero luego se emitió una providencia en la que aceptó un recurso de reconsideración por parte de García de Paredes, lo que "suspendió la suspensión", y le permitió participar en la contienda.
No obstante, este proceso aún no se ha debatido en el fondo y los magistrados deberán emitir un fallo.
Aunque el mandatario Martín Torrijos no ha decido formalmente la adhesión de Panamá a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), Panamá América pudo conocer que ya en la Corte Suprema de Justicia se trabaja en la designación de los dos nuevos integrantes.
Aún no se revelan los nombres de los afortunados, quienes pertenecerían a la Corte por 10 años, con opción de ser reelegidos.
Además, tendrían un suplente y jurarían ante el Consejo Judicial Centroamericano.
Entre sus prerrogativas están: gozar en todos los estados partes de las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y la Convención de Viena en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y correspondencia oficial, así como en las jurisdicciones civiles y penales.
Tendrán todos los privilegios e inmunidades que le corresponden como miembros de un órgano del SICA.
Estarán exentos de toda responsabilidad por los actos ejecutados y opiniones emitidas en el cumplimiento de sus funciones oficiales, y las mantendrán después de cumplir sus labores. Cada magistrado titular tendrá un salario, gastos de representación, viáticos, gastos de viaje y de establecimiento y permanencia. El magistrado que haya cumplido su periodo gozará de una pensión de retiro, cuyo monto se desconoce por el momento.
El reglamento autoriza la remoción en caso de: notoria mala conducta, actuación indebida, ejercer la profesión de abogado u otro cargo o violación de su juramento.