Fallos condenatorios contra las autoridades gubernamentales, la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y las canteras que extraen arena del río Pacora, fue el veredicto emitido ayer en Costa Rica por parte del jurado del Tribunal Centroamericano del Agua.
En el caso de la demanda presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, debido a los daños causados a diversas comunidades y a la Bahía de Panamá, producto de la construcción del Corredor sur y Punta Pacífica, el jurado resolvió condenar a las autoridades panameñas que han participado desde la concesión hasta la fecha en el proyecto, por permitir la ejecución de esas obras, que contribuyen a convertir la bahía en un pantano de lodo fecal.
Decidió igualmente, culpar a ICA - Panamá por los daños y riesgos ambientales ocasionados por el viaducto y su pedraplén permanente, y por los rellenos de Punta Pacífica sin los controles necesarios para evitar posibles reflujos e inundaciones que acarrearían graves riesgos sanitarios, ambientales, materiales y morales a las comunidades aledañas, a causa del incumplimiento de las normas establecidas en la Constitución Política y las leyes de Panamá.
Culpó asimismo, a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial por la aprobación de un préstamo para el Corredor Sur, separado de Punta Pacífica y sin el debido Estudio de Impacto Ambiental, "con graves daños a la salud de los panameños, irrespeto al medio ambiente y violación a la Constitución y leyes de la República de Panamá, pese a que la inversión y la ganancia pactadas en el contrato de concesión estaban garantizadas con la venta de terrenos otorgados por el gobierno a ICA Panamá".
En este caso, el tribunal se permitió recomendar al Gobierno de Panamá que ICA pague una auditoría externa que determine la realidad ecológica del Corredor Sur, en compensación a los ciudadanos afectados. Además, que ejecute inmediatamente medidas de mitigación como los drenajes que impidan inundaciones y sedimentaciones, previa consulta con las comunidades afectadas.
Pidió también renegociar el contrato de concesión con ICA para cancelar inmediata y definitivamente los rellenos de Punta Pacífica.
En cuanto a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el jurado recomendó que revise urgentemente sus políticas financieras y directrices ambientales para que cumpla cabalmente con su misión de luchar contra la pobreza.
En el caso de la denuncia por la contaminación del Río Pacora, el tribunal condenó a las canteras Las Vegas, Las Garzas (del Ministerio de Obras Públicas), Unicontal, Moliendas Generales, además de ICA, los ministerios de Comercio e Industrias y la Autoridad Nacional del Ambiente, toda vez que por los impactos negativos de sus actividades de ilegales de extracción de arena, piedra y ripio del río, afectan las condiciones de vida de diversas especies de flora y fauna y amenazan la propia permanencia de las poblaciones locales.
Revolvió exigir a las empresas condenas que cesen sus actividades nocivas y tomen las medidas necesarias para recuperar las áreas degradadas, con la supervisión de representantes de las áreas afectadas.
En este caso, el jurado censuró a las autoridades gubernamentales, incluyendo a la presidenta Mireya Moscoso y a los expresidentes Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares por su pasividad "altamente perjudicial a sus conciudadanos de la cuenca del Río Pacora", según se establece en el documento de veredictos emitido por el tribunal.
Condenó a la Autoridad Nacional del Ambiente y al Ministerio de Comercio e Industrias por su constante omisión de auxilio a las poblaciones locales y sus violaciones a las disposiciones legales pertinentes.
Recomendó a las autoridades que cesen las extracciones de material del río y que responsabilicen a las empresas por los daños ocasionados, además de exhortarlas para que provean las indemnizaciones necesarias para recuperar las áreas degradadas.
Después de conocer el fallo condenatorio, el representante de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Félix Wing, manifestó su satisfacción por el resultado del juicio, al tiempo que dijo estar convencido de que el pueblo panameño debe sentirse reivindicado por haber conseguido ante una instancia internacional, una sentencia condenatoria.
Por su parte, la representante del Comité Pro Defensa del Río Pacora, la abogada Susana Serracín Lezcano, resaltó que el fallo constituye una gran satisfacción porque quedó ampliamente demostrado que la sociedad civil organizada tiene el respaldo de una instancia seria, conformada por reconocidos técnicos que se han mostrado imparciales y objetivos en cada caso.
Cabe destacar que los fallos condenatorios son morales, porque el Tribunal Centroamericano del Agua es una instancia de la sociedad civil, sin jurisdicción en lo penal.
El Panamá América trató de entrevistar a un abogado enviado por ICA Panamá a la audiciencia, lo que no fue posible debido a su reiterada negativa a brindar declaraciones. El abogado se limitó a grabar los dictámenes del tribunal.
