En la esfera gubernamental y en el sector privado se invierten anualmente grandes cantidades de dinero para sofisticar y proteger los documentos de uso público como cédulas, licencias de conducir, declaración de rentas y hasta cartas de trabajo.
Pero de la misma forma en que las autoridades introducen las nuevas tecnologías, las bandas dedicadas a la falsificación de diversos documentos invierten dinero y paciencia para alterar cuanto documento les sea útil.
Instituciones como el Tribunal Electoral, la Lotería Nacional, bancos estatales y privados, han introducido nuevas tecnologías para la confección de los documentos, mejorando sus sistemas de seguridad.
El Gobierno ha hecho millonarias inversiones para mejorar la elaboración del pasaporte, cédulas y otra documentación, pero las estadísticas que se manejan en la Policía Técnica Judicial (PTJ) demuestran que estos ilícitos continúan.
Los delitos contra la fe pública o falsificación de documentos son comunes en Panamá si se toma en cuenta que los casos en los últimos años han mantenido un ritmo constante, según reflejan las estadísticas de la PTJ.
Las personas, nacionales y extranjeras, que falsifican documentos cuentan con modernos sistemas de informática que incluyen computadoras, escáner, plastificadoras, sellos y oficinas móviles para cometer sus fechorías.
El jefe de la División de Delitos contra la Fe Pública, Salvador Pasco, explicó a
