La Dirección de Aduanas investiga la supuesta falsificación de la firma de un legislador para la exoneración de un vehículo doble tracción que se registró durante la pasada legislatura, informó ayer la titular de esta institución, Mercedes García de Villalaz.
De acuerdo con la funcionaria, actualmente esta dependencia realiza una revisión de los automóviles exonerados por los legisladores de la República, desde la pasada administración hasta la actual. Indicó que los legisladores tienen derecho a exonerar dos vehículos cada dos años y algunos no lo hacen, pero otros sí hacen uso de esta potestad.
"Llamamos a un legislador para que nos informara sobre un 4X4 introducido al país, y él nos comunica que no lo compró, y que la firma no corresponde a la suya", aclaró. García de Villalaz no quiso revelar el nombre del legislador ni a qué partido pertenecía porque aún realiza las investigaciones del caso.
Según fuentes judiciales, el empresario Martin Rodin habría adquirido un automóvil de lujo a través de una legisladora que introdujo el vehículo libre de impuestos y se lo traspasó antes de cumplir los dos años como lo establece la ley.
La fuente reveló que durante un allanamiento realizado a empresas de Martin Rodin en Colón, dentro de las investigaciones por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), se encontraron documentos en donde se revela la adquisición de un automóvil de lujo a través de la exoneración otorgada a una legisladora.
En tanto, el legislador y presidente de la Comisión de Hacienda, Camilo Gozaine, consideró que no quedó aclarado el tema relacionado con el avalúo de las tierras, pero si el Diálogo Nacional estableció dichas normas, la Asamblea Legislativa las respetará.
Ante la insistencia de los legisladores en conocer cómo se fijaron los precios de las tierras que serán dadas a los empresarios, el administrador de la ARI sostuvo que los avalúos surgieron de las cifras fijadas por el MEF y la Contraloría General de la República.
Durante la sesión, donde el administrador de la ARI, Alfredo Arias, era el invitado, el legislador del PRD, Pedro Miguel González, insistía en que el ministro Delgado debía aclarar el tema de los B/. 178 millones.
