La ministra de la Presidencia, Ivonne Young, rindió ayer declaración jurada ante el Ministerio Público y aseguró que es falsa la firma aparecida en un supuesto memorando en donde se ordena espiar telefónicamente a 117 personas.
Indicó que tras su retorno al país, decidió acudir voluntariamente al Ministerio Público para dejar constancia que el citado documento es falso, ya que esa no es su firma. Agregó que este gobierno no ejecuta ese tipo de actividades.
"Recibí una nota del procurador Sossa pidiéndome aclarar esta situación y por ello acudí voluntariamente a declarar sobre este asunto. Además le exigí al jefe del Ministerio Público que vaya hasta el final de las investigaciones", sostuvo.
Paralelamente, el fiscal primero de circuito, Arquimedes Sáenz, practicó ayer una segunda inspección ocular en los locales comerciales Body Color y Grupo Style, para analizar las diferentes entradas y salidas del cableado telefónico.
Además, se inspeccionó el sistema de alarmas de ambos establecimientos comerciales. Sáenz dijo que esta diligencia era parte de la investigación, pero correspondería al despacho del procurador Sossa hacer los análisis de esta inspección.
Durante la diligencia, el gerente de Body Color, Roberto Piqueras, aseguró que en sus instalaciones las autoridades no encontraron nada irregular y que desde allí no se enviaron faxes a medios de comunicación como se ha querido señalar.
Señaló que desconoce las razones por las cuales el Ministerio Público hizo esta segunda inspección ocular.
Por su parte, Enrique Montenegro, señalado como el autor de la falsificación del memorando, aseguró que las autoridades no tienen ninguna prueba en su contra, y que él ni siquiera es parte de un sumario.
Añadió que cualquier proceso abierto en su contra deberá ser declarado nulo, debido a que públicamente varios miembros del Gobierno lo han condenado y señalado como el responsable directo del memorando.
Anunció que la próxima semana presentará dos denuncias ante el Ministerio Público sobre la continuidad de la corrupción en la PTJ y otra de irregularidades encontradas en el IDAAN.
Ayer también el procurador Sossa envió una nota a los funcionarios de instrucción y de la PTJ prohibiéndole dar declaraciones a la prensa sobre las investigaciones que adelantan y en especial a las vinculadas con los pinchazos telefónicos.
Se mantiene autonomía administrativa y financiera para el mejoramiento de la eficiencia permitiendo que se adecue a la demanda actual y futura de los servicios. La junta directiva tomará sus propias decisiones y contará con la participación de los usuarios, las líneas aéreas, comerciantes y los trabajadores.
El viceministro de Economía destacó por otra parte que lo que se está pensando es muy parecido en la Empresa de Transmisión eléctrica (ETESA), donde la ley no contempla que un determinado ministro o director sea miembro de la junta directiva.
En esta fase se debe proceder legalmente a la cancelación de la licitación para la concesión, que ya está previsto, además se establecen las prioridades estratégicas para el sector aeronáutico y las acciones específicas para el proyecto de corporatización.
Está en ejecución un plan de medidas para mejorar las estructuras de Tocumen, la actualización del marco legal, reorganización de las entidades, autogestión financiera, plan nacional de transporte aéreo, fortalecimiento de la imagen institucional, adicionalmente se debe tomar en cuenta un plan de transición, ya que habrá variaciones.
