Falta de consulta causará polémica

LA PROPUESTA de buses articulados debe pasar por consulta pública, más que cualquier otro proyecto gubernamental, afirmó ayer Giovanni Fletcher, abogado de la Unión Nacional de Consumidores.
El jurista amenazó con tomar acciones legales, si el Gobierno no somete la propuesta de buses articulados a consulta ciudadana, a través de alguna de las modalidades de participación que establece la Ley de Transparencia como la consulta pública, audiencia pública, foros o talleres y participación directa en instancias institucionales.
La Unión Nacional de Consumidores volvió a denunciar públicamente cómo, desde la titular de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, hasta el director de Tránsito, Severino Mejía y sus subalternos, se han convertido en los principales promotores, defensores y relacionistas públicos del sistema de buses articulados.
La agrupación lamentó que las autoridades insistan en promover este sistema, cuando todavía a los usuarios no se les ha siquiera reconocido el derecho de la información transparente y veraz.
Sin embargo, el director de la Autoridad de Tránsito fue enfático al señalar que la propuesta no pasará por ninguna consulta pública porque la Ley hace referencia a la "fijación de tarifas".
Sin embargo, Pedro Acosta, presidente de la agrupación, subrayó que lo principal de la propuesta de modernización del transporte es la infraestructura, por los más de 50 kilómetros de recorrido que harán los buses articulados.
Acosta agregó que el presidente Martín Torrijos debe una explicación pública de por qué estos funcionarios están tan "cuadrados" con la propuesta de los buses articulados, al punto que hasta se disgustan cuando los medios les tocan el tema y más si se refieren a otra alternativa como el monorriel.
La Ley de Transparencia obliga a la Autoridad de Tránsito a publicar, antes de la celebración de cualesquiera de los actos administrativos sujetos a participación ciudadana, la modalidad que adoptará para consultar el proyecto.