El alto costo de la energía que se paga en el país es el resultado de la falta de visión de oportunidades en el sector eléctrico, que, debido a la carencia de una de política general del Estado, se agudiza con una corrupción institucionalizada, señaló John Benett Novey, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
Benett, quien expuso ayer durante el cierre del foro que sobre el sector energético desarrolló El Panamá América, afirmó que para hablar de mejores precios es necesario una producción energética a gran escala, que puede lograrse mediante la búsqueda de nuevos mercados.
Destaca que el problema actual radica en que en el sector se tiene que mantener dos tipos de fuentes que deben ser equiparadas y algunas veces subvencionar a una de éstas para poder mantener la energía que necesita el país.
Mientras que Ulises Pittí, presidente del Instituto Internacional de Negociación, Mediación y Arbitraje (IINMA), dijo que la electricidad es un servicio público y una necesidad que no puede quedar a merced de las empresas.
Indicó que se trata es de un problema de seguridad en la obtención de este servicio, donde el Gobierno ha perdido la visión y su función fiscalizadora de las privatizaciones.
Esta realidad, asegura Pittí, exige de una nueva regulación que dé mayor seguridad, pues estamos impotentes y en medio de un proceso de indefinición.
Lo que se ha dado es un proceso de privatización sin control, -y allí están los resultados,- producto de la falta de claridad en las políticas del Estado que no le ha dado la categoría de tema de interés nacional a este problema, señaló el jurista.
Por su parte, Silvio Guerra, en defensa de los usuarios, expresó que uno de los problemas de la política estatal es que no ha sido constante ni certera. "El actual Gobierno ha echado para atrás, convirtiendo los monopolios estatales en monopolios privados".
El Estado debe proteger al ciudadano, ya que el pueblo panameño no soporta más. La ley de constitución del Ente Regulador es clara, al señalar que ésta es una entidad autónoma del Estado que tiene competencia para regular y controlar la prestación de los servicios públicos. Pero contrario a ello se están haciendo de la vista gorda, señaló.
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