Los residentes de Belisario Frías, en el distrito de San Miguelito no cuentan con aceras para caminar.
La situación pone sus vidas en peligro porque les toca caminar por las calles, a pesar de las altas velocidades a las que transitan los conductores por ese sector.
Los moradores piden a gritos que se solucione la situación pronto.
El asunto es complicado. Y es que Panamá no cuenta con sus propias normas ambientales de límites máximos permisibles, por lo que se trabaja con legislaciones acogidas de otros países como es el caso de Chile.
Al respecto, Bolívar Zambrano, director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la ANAM dice que ya se está trabajando en eso.
Con relación a Panamá, en Chile sólo un 30% de los 100 proyectos que acuden a recibir la aprobación de los EIA han recibido alguna sanción por incumplir con las normas de mitigación.
Carlos Pinilla, especialista de evaluación ambiental en Chile dijo al Panamá América que desde 1997, su país cuenta con un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que se realiza de dos formas distintas: a través de declaraciones de impacto ambiental para proyectos de envergadura de menor impacto y los EIA para proyectos más grandes y significativos.
El experto señaló que existen proyectos que han cumplido con las normas de mitigación establecidas en el estudio, pero que al momento de su evaluación tienen algunos aspectos que no fueron previstos.
Diferente a Panamá donde la ANAM puede sancionar económicamente hasta por 1 millón de dólares por incumplir con las normas de impacto ambiental, en Chile las sanciones van desde una simple amonestación hasta una multa de 30 mil dólares (15 millones de pesos) y por último se puede pedir el cese de operaciones del proyecto.
Precisamente Natalia Young explicó que para minimizar los problemas que ocasionan los EIA, los promotores que no están bien documentados deben acercarse a la ANAM a recibir asesoramiento o también pueden contratar consultores que le den seguimiento a sus estudios.
