La denuncia por supuesto tráfico de influencia interpuesta contra el magistrado José Troyano, de la Corte Suprema de Justicia, podría quedar engavetada si no existen las pruebas necesaria
A pesar que la denuncia fue remitida por la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, a la Asamblea Nacional, el diputado Elías Castillo indicó que el expediente podría quedar archivado por falta de pruebas o razones de carácter técnicas.
Resaltó que si existen los méritos requeridos en el expediente se solicitaría al pleno que proceda a abrir una causa judicial.
"Nosotros no somos parte investigativa, la Constitución otorga esa competencia al Ministerio Público, y en la Asamblea tenemos injerencia judicial, es decir, no investigamos sino enjuiciamos", sostuvo el político.
Resaltó que corresponderá al Ministerio Público realizar las investigaciones a lo interno de la Corte Suprema de Justicia para recabar todos los elementos y entregarlos a la Asamblea.
En tanto una prolija investigación sobre la supuesta venta del fallo judicial fue solicitada por el magistrado de la Corte, Alberto Cigarruista, quien aseguró no tener ninguna relación con este caso.
Cigarruista exigió que las instancias procesales correspondientes inicien con rigurosidad y esmero una investigación para aclarar estos hechos.
También detalló que como magistrado de la Sala Civil desconoce proyecto alguno en donde se resuelva un recurso de casación dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio promovido por AES Panamá contra Ganadera Guerra.
A la vez negó haber solicitado a través de terceros suma de dinero alguna para el manejo de un proceso judicial.
Sostuvo que sus decisiones se han caracterizado por ser justas.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, no quiso referirse al tema, tras señalar que se debe cuidar la separación funcional de los órganos del Estado.
