Su vocero Gabriel Pascual alegó que a la fecha la fiscalía no tomado declaración en este proceso al ministro de Salud, Camilo Alleyne y al director de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luiciani.
Según Pascual estos funcionarios deben ser indagados por el Ministerio Público, ya que tienen un alto grado de responsabilidad en la labor de fiscalización de sus subalternos.
También estimó que hasta ahora las pesquisas sólo se han orientado hacia los funcionarios de mandos medios, sin llegar a los que tienen poder decisión.
El grupo dio a conocer su rechazo al monto de las indemnizaciones otorgadas por el gobierno nacional.
En tanto que se ordenó el sobreseimiento de Ana Lola Blaisdel y Rosy Agustín Cedeño, por no encontrarse suficientes evidencias.
La fiscalía determinó que la red realizó divorcios que no tenían validez.
La investigación se inició cuando la jueza segunda de Familia, detectó en una de las sentencias que su firma estaba alterada.
Tras realizar las pruebas de grafología, se comprobó la falsificación.
