El 78% de los procesos legales seguidos contra menores de edad son atendidos por el Instituto de Defensoría de Oficio, fenómeno que para el abogado Gabriel Fernández se debe a que muchos de los jóvenes que delinquen provienen de familias pobres.
Fernández, director del Instituto de Defensoría de Oficio, agregó que en algunos casos hay familias con poder adquisitivo para sufragar el costo de un abogado particular, sin embargo, recurren a éste por la efectividad que han tenido en los procesos judiciales.
Estas declaraciones se dieron durante la inauguración de la nueva sede del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, y los Juzgados Seccionales, Penales y el de Cumplimiento del Primer Distrito Judicial.
Actualmente existe en proceso la audiencia de unos 43 casos de homicidios donde se involucran a menores de edad, cifra en la que no se incluyen los adolescentes vinculados a otro tipo de delitos.
Durante el acto, la magistrada Esmeralda de Troitiño sostuvo que la estructura del sistema de justicia conlleva a una atención mejor para los adolescentes que están siendo procesados penalmente y que el principal objetivo será el de reducir la mora de casos pendientes por juicio.
Explicó que en las nuevas instalaciones del Tribunal Superior funcionarán dos juzgados penales que guardan relación con las sedes de Colón y La Chorrera y la estructura judicial de menores incluye dos fiscales de adolescentes que investigarán los hechos cometidos por el menor.
Troitiño sostuvo que la intención es cambiar la figura de los antiguos juzgados de menores que ahora sólo actuarán sobre temas relacionados con la protección y derecho de la familia en que puede estar afectado un infante.
Eso implica, según la magistrada, que los nuevos juzgados penales de menores tratarán exclusivamente los casos de menores infractores de casos penales, lo que representa la reducción de tareas en ambos juzgados.
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