Una acusación particular contra el presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos presentó ayer ante la Asamblea Legislativa, José Manuel Faúndes hijo.
Según el recurso presentado, ambos funcionarios incurrieron en los delitos de omisión de los deberes de servidores públicos y abuso de autoridad, faltas por los cuales se establecen penas hasta de veinte años de prisión.
La acusación la presentó Faúndes hijo en representación de su padre del mismo nombre, quien es magistrado de la Corte Suprema y está separado de su cargo desde 1997 año en que la Asamblea Legislativa inició un juicio en su contra por su supuesta participación en la liberación de presuntos narcotraficantes.
El juicio fue interrumpido al momento que el legislador Roberto Abrego quien fungía como fiscal en el proceso presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el método de votación para condenar o absolver al enjuiciado.
Los magistrados principales se declararon impedidos para conocer el caso, por lo cual el recurso pasó a manos de los suplentes que no pueden tomar una decisión porque están incompletos.
Faúndes hijo explicó que Pérez Balladares ha incumplido con su deber de nombrar a los suplentes de los magistrados Graciela Dixon, Rogelio Fábrega Zarak y José Troyano, lo cual se constituye en un obstáculo para que culmine el proceso en contra de su padre.
Al mismo tiempo el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha incumplido con su deber, ya que le corresponde hacer el llamado de atención a Pérez Balladares para que nombre los suplentes y se completen los nueve que se requieren.
Faúndes hijo señaló que no se justifica que por desidia de estos funcionarios, la Corte Suprema esté incompleta, al punto que si en determinado momento alguno de los magistrados principales sufre algún accidente, enfermedad o fallece no hay quien lo sustituya en su labor.
Indicó que la conducta antijurídica en que incurrieron estos funcionarios se encuentra tipificada en el artículo 338 del Código Penal, Capítulo IV sobre el abuso de autoridad e infracción de deberes de servidor público y los artículos 301 y 302 de los delitos contra la personalidad interna del Estado y la administración pública.
La acusación particular fue entregada al secretario general de la Asamblea Legislativa, Harley James Mitchell quien inició desde ayer mismo el trámite respectivo para que sea remitida a la Comisión de Credenciales de este órgano, instancia a la cual compete este proceso.
