La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) pidió al Organo Ejecutivo que de modificarse la Ley No. 8 que creó el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones (SIACAP) y restablecerse la Ley de Jubilaciones Especiales, se incluya a todos los empleados en los beneficios de esta norma.
El secretario general de la FENASEP, Leandro Avila, advirtió al presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, que si existe la buena intención de modificar la ley para los educadores, también debe incluirse al resto de los servidores públicos.
"Si hay buena intención para los educadores, debe haber buena intención para los servidores públicos en general. En este sentido, retomamos sus palabras, "lo bueno para uno, es bueno para todos", dijo Avila.
Señaló que el gobierno nacional debe rectificar y conceder prórroga a miles de trabajadores que, por días y meses, fueron perjudicados con la ejecución de la Ley No. 8.
Sostuvo que cualquier modificación debe cubrir la totalidad de las instituciones que se regían por la Ley Especial de Jubilaciones, incluyendo a los trabajadores que estaban amparados por el Fondo Complementario.
Agregó Avila que en el sector público existen otros funcionarios que también merecen una jubilación anticipada como los de la Dirección Metropolitana de Aseo (DIMA) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Recalcó que cualquier reforma en beneficio de un solo sector es violatorio a la Constitución Nacional, por lo cual de darse esta situación se tomarán las medidas legales.
Enfatizó que cualquier reforma en la norma debe incluir a todos los funcionarios por igual, sin distingo de profesión, y especialmente a aquellos que realizan trabajos pesados.
Los gremios docentes del país han exigido el restablecimiento de las jubilaciones especiales, porque lo consideran el único incentivo que tienen para efectuar sus labores.
Los educadores dieron un "ultimátum al Ministerio de Educación" hasta el 16 de abril para que tome una decisión en torno a las jubilaciones especiales.
Denunciaron que no es posible que los docentes sacrifiquen más del 4% de su salario para obtener un retiro decente y que es necesario que el gobierno entienda que debe aportar también dinero.
Por su parte, el ministro de Educación, Pablo Thalassinos se comprometió a revisar la Ley 28 que crea la Junta Técnica de Educación y revisar algunos aspectos de las jubilaciones especiales, pero sin que esto represente una erogación para el Estado.
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