FENASEP demanda decreto que fija nuevo salario mínimo

La Federación Nacional de Empleados Públicos (FENASEP) presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 227 por el cual se fijaron nuevas tasas de salario mínimo vigentes en todo el territorio nacional.
El abogado Carlos Ayala Montero, en representación de la FENASEP, presentó el recurso bajo el argumento que el citado decreto ordenó el aumento de los salarios mínimos para cada una de las actividades económicas del sector privado y distingue remuneraciones para la pequeña y gran empresa, pero se excluyó a los trabajadores al servicio del Estado.
Montero explicó que ningún órgano del Estado ha aprobado una ley en donde se establezcan salarios mínimos que deben percibir los servidores públicos desde la vigencia de la actual Constitución y que hasta la fecha no se les ha realizado ningún tipo de ajustes.
222El aumento del salario mínimo obedeció al costo de la canasta básica y el incremento del índice de precios al consumidor.
Según el demandante, la primera norma constitucional infringida por el citado Decreto Ejecutivo lo constituye el artículo 17 de la Carta Magna que ordena a las autoridades asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales, sociales y hacer cumplir la Constitución.
También señaló que el artículo 19 de la Constitución ordena que no debe haber fueros, privilegios y discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Añadió que de igual forma se violan los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al promover esta discriminación.
Además, estableció que entre los criterios utilizados por las autoridades nacionales para arribar a la conclusión de aumentar el salario mínimo, incluyeron, entre otros, el costo de la canasta básica familiar y el incremento del índice de precios al consumidor.
Sostuvo que tanto el incremento de la canasta alimenticia y el índice de precios al consumidor han afectado a todos los panameños, especialmente a los que reciben un ingreso mínimo, realidad de la que no escapan los servidores públicos.